La norma aprobada este jueves en la Cámara incide en la mejora de la formación y coordinación de los profesionales que trabajan en los distintos ámbitos relacionados con la violencia de género (educativo, sanitario, servicios sociales), hace hincapié en las actuaciones preventivas de índole educativo y plantea el fomento de una serie de medidas tendentes a optimizar la protección de las víctimas, también en las vertientes económica y de acceso a vivienda.

De manera transversal, dentro de los principios rectores de esta ley, cuyo proyecto fue presentado a finales de diciembre, se incluye el análisis de los problemas de la violencia ejercida sobre las mujeres con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

A efectos de esta ley, se entiende por violencia contra las mujeres la que se ejerza contra estas por el hecho de serlo o la que les afecte de forma desproporcionada como manifestación de la discriminación por motivo de género y que implique o pueda implicar «daños o sufrimientos de naturaleza física, sicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas, intimidaciones, coacciones o privación arbitraria de la libertad en la esfera pública o privada».

En ese sentido, para hacer efectiva la atención integral a las víctimas de violencia de género se contempla la creación de una Cartera de Servicios que, en el plazo un año, deberá incluir una relación derechos y prestaciones garantizados.

A tal fin, a instancias de I-E, el Gobierno de Nafarroa habilitará las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las previsiones contempladas en dicha Cartera, además de en el plan de acción y los planes sectoriales defendido por los grupos I-E, Bildu y Aralar.

En ese contexto de garantías y exigencias se ha fijado un plazo de seis meses para la elaboración de los correspondientes planes sectoriales, de acuerdo con las directrices que establezca el Plan de Acción.

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, ha subrayado el proceso participativo seguido para la elaboración de este proyecto que incluye siete novedades con respecto a la normativa actual.

Así, ha dicho, atiende directivas internacionales en la materia, aborda la violencia de género con un enfoque de derechos humanos y evita la discriminación por razones de género haciendo «protagonista» a la mujer para su «real autonomía».

Además, amplia la definición de violencia, incluye como víctimas a los hijos, ofrece una perspectiva integral de atención, incluida una Cartera de Servicios garantizados, recoge la formación permanente de los profesionales para la identificación de riesgos desde una óptica multidisciplinar y favorecerá un posterior plan estratégico.

La Cámara ha aprobado asimismo por unanimidad una modificación del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Nafarroa para elevar del 5 al 7% la reserva de plazas destinadas a personas con discapacidad para favorecer así su integración.