Interponen una denuncia ante la ONU por la detención «arbitraria» de siete jóvenes independentistas

La defensa de los últimos siete jóvenes independentistas condenados en primera instancia por la Audiencia Nacional por su pertenencia a Segi ha informado a la ONU de lo que considera es una «detención arbitraria». Además, los letrados han interpuesto una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la vulneración de la Ley de Enjjuiciamiento Criminal en este caso, al igual que querellas criminales contra los magistrados de la Sección Cuarta del tribunal especial por presuntos delitos contra la libertad y de prevaricación.

@AgustinGoikoetxea|04/06/2015 13:00|10 comentarios
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Altxarte Salbador y Kepa Manzisidor, durante la rueda de prensa de hoy. (Luis JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS)

Los abogados Atxarte Salbador y Kepa Manzisidor han comparecido esta mañana en Bilbo para dar a conocer la situación de prisión «ilegal» en que entienden se encuentran Xabat Moran, Marina Sagastizabal, Ainhoa Villaverde, Bergoi Madernaz, Igarki Robles, Aiala Zaldibar e Ibon Esteban, condenados en primera instancia, con sentencia no firme, por  su pertenencia a Segi.

La defensa estima que su situación es «irregular e ilegal», pues la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ordenó el 6 de mayo su encarcelamiento sin que se notificase la sentencia y se cumpliese lo estipulado en los artículos 503 y 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina que hay que comunicar previamente la revocación de la libertad provisional y la razón. Manzisidor ha advertido de que es necesario que una de las partes, en este caso la Fiscalía, lo solicitase y no hay constancia de ellos. Tampoco de que fueron trasladados ante el tribunal como es preceptivo.

Por ello, familiares de Moran, Sagastizabal, Villaverde y Madernaz interpusieron una denuncia por detención ilegal que no ha sido estimada; al igual que ha sucedido con los otros tres jóvenes que fueron apresados por la Ertzaintza en el muro popular del 18 de mayo en la plaza de la Virgen Blanca, en Gasteiz.

Ante las irregularidades en el proceso, han presentado una queja ante el grupo de trabajos de detenciones arbitrarias de la ONU para que analicen el caso y insten a las autoridades judiciales españolas a liberar a los siete jóvenes independentistas. Además, han acudido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que actúe tras darle detalles del procedimiento seguido por la Audiencia Nacional.

Los letrados, siguiendo las instrucciones de sus defendidos, han interpuesto también una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional Angela Murillo Bordallo, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero, como presuntos autores de sendos delitos contra la libertad y de prevaricación.