La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado en sendos autos los recursos interpuestos por el Ministerio Público contra los autos de archivo decretados por los jueces José de la Mata y Carmen Lamela.

Los magistrados Alfonso Guevara y Fermín Echarri –el magistrado Antonio Díaz Delgado ha anunciado voto particular discrepante–, en la línea de lo declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al inadmitir varias querellas contra diputados de la Cámara autonómica, argumentan que los delitos de sedición y rebeldía requieren actos «concretos» incitando a la ciudadanía a cometerlos para conseguir «por la fuerza» la derogación de la Constitución española o la independencia.

Los magistrados sostienen que en el momento presente no se puede atribuir a los concejales de los citados consistorios ningún acto concreto en ese sentido y recuerdan que las mociones fueron aprobadas antes de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución del Parlament, «sin que, tras ello, conste que el ente hubiera seguido insistiendo de una manera contumaz en sus planteamientos».

Advertencia para el futuro

En todo caso, advierten de que su decisión «en absoluto afecta a futuras conductas constitutivas de actos ejecutivos o de desarrollo que pudieran llevarse a cabo dentro de la dinámica emprendida de lo que se ha venido a denominar el ‘proceso de desconexión’, con el propósito de generar una situación o contexto de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional que permita la consecución de la independencia al margen de las vías legales de esa parte del territorio nacional».

En ese contexto, añaden, es donde deberían llevarse a cabo las investigaciones penales, sin dejar al margen a las asociaciones o asambleas que «al parecer son las impulsoras y promotoras de las citadas mociones, que fueron más allá de una finalidad clara de implantación de un Estado propio al margen de la legalidad constitucional y ordinaria».

Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido a la Policía española, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra que le informen sobre los estatutos, financiación y actividades desarrolladas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras asociaciones para esclarecer si han sido las «impulsoras y promotoras» de la tramitación de estas mociones.