Las políticas desarrolladas durante los primeros cien días de la presidencia Macri pueden describirse como políticas de shock, de reorientación estratégica económica y diplomática. El acercamiento a los centros de poder orientados desde EEUU y Europa, como el FMI y los mercados de capitales, además de los foros de negocios y organismos de seguridad de EEUU, son la expresión más visible de este giro.

En cuanto a la economía, el nuevo Gobierno comenzó rápidamente un ajuste ortodoxo, con caída de salarios en dólares y pérdida de poder adquisitivo para reducir el déficit y enfriar la economía, mientras se trasfieren ingresos a los sectores financieros para renovar el círculo de la deuda externa.

Las primeras medidas implicaron una redistribución del ingreso hacia los sectores de altos ingresos: los negocios ligados al agronegocio y a las finanzas en particular. Por decreto, Macri eliminó las retenciones a las exportaciones de los granos, excepto a la soja, a la que de todos modos le redujo su alícuota. Al mismo tiempo, devaluó la moneda en forma significativa. El dólar aumentó de 9,50 a 14, inicialmente, y con el correr de los meses pasó a oscilar alrededor de 15, con perspectivas de crecimiento. De inmediato subió el precios de los alimentos, que ya venían aumentando por la expectativa de devaluación desde el balotage que definió la elección, el 22 de noviembre.

Hacia finales de diciembre, el nuevo Gobierno arremetió contra la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009. Esta ley fue la norma más debatida de la historia argentina. Surgió a partir de una plataforma de 21 puntos por la democratización de la Comunicación, base de un proyecto que fue discutido en foros abiertos, desarrollados en varias ciudades del país, donde participaron académicos, periodistas y medios de comunicación. Finalmente, fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, reemplazando al decreto-ley de comunicación de la última dictadura militar, que prohibía el ejercicio de la comunicación a cualquier ente que no fuera una sociedad anónima y estimulaba la concentración.

Así que a petición de las grandes corporaciones mediáticas, Macri quitó la autonomía y luego disolvió, por decreto, el ente de regulación previsto por la ley, que de esta forma fue prácticamente derogada, sin ningún debate. Este giro en materia de comunicación fue premiado con el acompañamiento de los grandes medios privados, en particular por parte del grupo Clarín.

Este conglomerado empresarial –entre cuyos accionistas se encuentran empresas financieras–, controla diarios, señales de TV, estaciones de radio y la principal compañía de televisión por cable, Cablevisión. Durante seis años el grupo Clarín obstaculizó la aplicación de la ley, que tiene normas antimonopólicas que le obligaban a desprenderse de parte de sus medios y a incluir contenidos más pluralistas en sus parrillas de programación. Como una revancha real y simbólica, desde el pasado 1 de marzo Cablevisión censuró a la señal latinoamericana Telesur, al quitarla del paquete básico y enviarla como servicio Premium.

Desde principios de enero se generalizaron los despidos en todo el Estado. No hay cifras precisas, porque muchos procesos se encuentran pendientes de resolución y en algunos casos los trabajadores han logrado la reincorporación, pero las estimaciones sitúan entre 20.000 y 30.000 la cifra de personas despedidas, a las que se empiezan a sumar cesantías en el sector privado.
A su vez, en las semanas siguientes aumentó la gasolina y se eliminaron subsidios estatales a los servicios de luz y gas, con lo cual hubo incrementos en las tarifas de entre un 200% y un 500%.

En los primeros días de enero, la Justicia de la provincia de Jujuy, controlada por un gobernador aliado de Macri, encarceló a Milagros Sala, la principal dirigente social de la provincia, por liderar una acampada frente a la Casa de Gobierno. Pocas semanas después la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo para controlar la protesta social, rechazado por organizaciones políticas, sindicales y sociales, y por trabajadores de la prensa y medios independientes, que repudiaron los intentos de censura que contiene.

El conjunto de medios privados de comunicación aplaudió las medidas del nuevo Gobierno: las protestas que desde el primer día tomaron la calle fueron invisibilizadas o reducidas a problemas de tránsito, se justificaron los despidos y los ajustes económicos.

Además, se presentó positivamente el retorno a la órbita de Estados Unidos en el ámbito geopolítico.

A pocos días de asumir, Mauricio Macri participó en Asunción de la Cumbre de Mercosur, donde pidió la libertad de Leopoldo López y denunció persecución a la protesta social en Venezuela. Este fue el telón de fondo de una reunión en la que Argentina se posicionó a favor del Tratado de Libre Comercio entre Europa y el Mercosur.

Tras doce años de ausencias de un presidente o una presidenta en el foro Económico de Davos, Macri se reunió con representantes de las compañías trasnacionales más importantes y otros líderes que promueven la economía de mercado. Pocos días después faltó al encuentro de la Celac, el órgano de integración de América Latina y el Caribe que pretende inutilizar el Departa- mento de Estado estadounidense, que puja por reinstalar a la Organización de Estados Americanos (OEA) como el órgano diplomático del continente.

En marzo, el Gobierno concretó los gestos más importantes del cambio de etapa. En primer lugar, encaminar el retorno a los mercados de capitales, a partir de la cesión de soberanía y el acuerdo con los acreedores más agresivos: los Fondos Buitre.

Ayudado por la división del bloque que anteriormente formaba parte del FpV (Frente para la Victoria) y la de otros partidos de centro y derecha, el Gobierno logró que la Cámara de Diputados aprobara con amplia mayoría la derogación de leyes exigida por las empresas financieras que compraron bonos devaluados, luego reestructurados por Argentina, y que exigen cobrar la totalidad de la deuda.

En caso de ser aprobado en el Senado, esto implicaría el aval para tomar deuda externa por 12.500 millones de dólares, la mayor emisión de deuda de un país emergente en los últimos 20 años, según el diario económico “Financial Times”. Esta deuda recompensaría a los fondos de inversión litigantes, negando en la práctica una legislación aprobada por Naciones Unidas, que el propio Estado argentino presentó durante 2015.

Como muestra final del alcance y la velocidad de la reorientación, Macri cierra sus primeros cien días palpitando la visita a Argentina de Barack Obama. El viaje del presidente estadounidense no es gratis ni meramente simbólico: en el marco de un relanzamiento global de la relación bilateral, y el efecto propagandístico que supone, viene a encaminar acuerdos en economía y seguridad. Primeros pasos hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio y también hacia un realineamiento con el Pentágono en una materia estratégica para el control territorial: las fronteras nacionales, bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Estos son solo algunos aspectos de los primeros e intensos 100 días de Gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que ya muestran un cambio importante en la geopolítica de todo el continente.