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GASTEIZ

Las instituciones de la CAV sancionarán negocios que oculten ventas con ‘cajas B’

La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, en la que están presentes Lakua y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pondrá en marcha sanciones contra el uso de sistemas que eliminan el rastro de las ventas contabilizadas en las cajas registradoras. 

La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal pondrá en marcha nuevas medidas. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)
La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal pondrá en marcha nuevas medidas. (Juanan RUIZ / ARGAZKI PRESS)

Las instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa pondrán en marcha sanciones contra el uso de sistemas que eliminan el rastro de las ventas contabilizadas en las cajas registradoras «para evitar la evasión fiscal». La Comisión de Lucha contra el Fraude Fiscal, en la que están presentes Lakua y las tres diputaciones, estima que el 90% del sector minorista recurre a estas prácticas.

Representantes de este organismo han presentado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Gasteiz varias medidas, entre las que se encuentra un programa destinado a atajar «los sistemas de contabilidad b» en determinadas empresas del sector minorista.

Asimismo, el plan incluirá el impulso de cambios normativos, con el fin de que el uso de estos sistemas de borrado de datos en las cajas registradoras, que se conocen como «software de doble uso», sea tipificado como una infracción normativa, de forma que se podrán establecer sanciones «como medida disuasoria».

Los representantes de la Comisión, por su parte, han anunciado que se realizarán inversiones para adquirir dispositivos técnicos que permitan evitar la utilización de este tipo de programas informáticos en las cajas registradoras. Además, se desarrollarán programas de concienciación contra esta forma de evasión tributaria.

En el plan para este año las haciendas de la CAV se han marcado también como objetivo erradicar las «estructuras artificiosas» de tributación utilizadas por los grupos empresariales internacionales. Del mismo modo, contempla medidas de control también entre quienes desarrollan su actividad en sectores económicos de «elevado riesgo fiscal, tales como profesionales liberales, negocios minoristas o sectores de actividad que no han sido especialmente afectados en el periodo de crisis».