El pleno del consistorio ha aprobado una moción de EH Bildu que ha sido apoyada por Irabazi (Ezker Anitza, IU, Equo y Alternativa Republicana) y Podemos. PNV y PSE se han abstenido a la espera de los informes jurídicos que confirmen que la propuesta es factible, mientras que el PP ha votado en contra.

La ausencia en la votación de dos ediles del PP, entre ellos Maroto, portavoz municipal de los populares, que ha salido en ese momento del salón de plenos para evitar posicionarse, ha permitido que salga adelante la moción, que no es vinculante.

El pleno solicita de este modo al equipo de gobierno que inicie un expediente de anulación del contrato de los locales, vigente hasta 2027 y suscrito en 2007 por el Gobierno municipal que entonces dirigía Alonso y donde Maroto era el concejal de Hacienda. Todo el equipo de gobierno de ese año ha sido condenado a pagar 393.862 euros por «negligencia grave» al perjudicar a las arcas municipales.

La vía de la anulación propuesta por EH Bildu se acoge a las conclusiones de la comisión de investigación del consistorio y a lo recogido en la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas que concluyó que el contrato «ha infringido la normativa aplicable» por incorporar «sin justificación acreditada estipulaciones lesivas para el patrimonio público».

El alcalde Gorka Urtaran (PNV) ha manifestado que aunque se tendrá en cuenta la moción aprobada, se contemplarán «las garantías jurídicas» exigidas en esta actuación, algo que se conocerá en un informe solicitado por el Gobierno municipal a los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Dicho informe analizará la posibilidad de iniciar el expediente de anulación, o en su caso, «la moderación» del mismo, unas dudas por las que PNV y PSE, que gobiernan en coalición, han presentado una enmienda ‘in voce’ que ha sido rechazada.

Ambos partidos han reiterado sus dudas legales para rescindir el contrato civil suscrito con el empresario Gonzalo Antón, propietario de los locales que albergan las oficinas municipales, ante la existencia de una cláusula lesiva que obliga a pagar una indemnización.

Además han recordado que el contrato está blindado y que el Tribunal de Cuentas no establece que sea «ilegal», por lo que esiman que la posibilidad «más viable» puede ser su «modificación».