«¿Quiere que se haga la incineradora?». Esta es la pregunta a la que deberán contestar los vecinos de Usurbil y Zubieta el 30 de setiembre y el 1 y 2 de octubre, los días elegidos por la plataforma Erraustegia Erabakia para recabar la opinión de la ciudadanía sobre una polémica infraestructura que genera «preocupación y debate» en la zona.

En una rueda de prensa celebrada en Usurbil, los integrantes de Erraustegia Erabakia han recordado que el 20 de enero reclamaron al Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana la celebración de una consulta, solicitud amparada por 1.185 firmas, 1.185 «razones de peso» para organizar un referéndum.

El Consistorio recogió el guante, y, siguiendo los pasos marcados por la ley, pidió permiso al Ejecutivo español para poder consultar a la ciudadanía. El 13 de mayo, tras dos meses de silencio institucional, el Consejo de Ministros tomó una decisión: denegar la posibilidad de realizar una consulta.

El Gabinete de Mariano Rajoy pidió informes a Lakua, al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a la Diputación de Gipuzkoa y a la Delegación del Gobierno español en la CAV. «Las dos últimas vieron impedimentos que no apreciaron las otras instituciones», han denunciado los miembros de la plataforma, que han advertido de que la Diputación y la Delegación del Gobierno español rechazaron la consulta por entender que el tema, en este caso la incineradora de Zubieta, no atañe a competencias municipales.

«Las instituciones públicas que han proyectado la incineradora no quieren saber cuál es la opinión de este pueblo. Es más, hemos dado pasos para poder dar la palabra a la ciudadanía, pidiendo una consulta legal, y se nos ha negado esa posibilidad», añadieron antes de insistir en que los vecinos de los municipios afectados por la incineradora no son «ciudadanos de segunda».

En este sentido, han recordado que durante los últimos meses se han realizado consultas sobre la gestión de residuos en municipios como Ordizia, Aretxabaleta o Legazpi, donde los vecinos y vecinas pudieron escoger entre el quinto contenedor o el sistema de recogida puerta a puerta, «y creemos que se debe un respeto a la palabra de los zubietarras y usurbildarras».

Por eso, han decidido organizar ellos la consulta ciudadana. «Tenemos legitimidad para hacerlo. Somos ciudadanos, queremos vivir en este pueblo y tenemos algo que decir sobre un proyecto que va a afectar a nuestras vidas. Al fin y al cabo, todos sabemos que una incineradora no es algo que se pueda construir hoy y hacerla desaparecer mañana», han destacado.

Asimismo, han insistido en que «cuando se quieren dar pasos por la vía legal y se recibe una negativa rotunda», en alusión a la negativa del Consejo de Ministros, la legitimidad se impone a la legalidad. «Y el resultado que salga de esta consulta ciudadana tendrá toda la legitimidad», han remarcado.