«Había un desastre» y «no casaba nada» en un proyecto que «iba cambiándose» en su contenido y presupuesto, según ha dicho Azkue en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbo sobre la quiebra de la sociedad promotora, Karrantzako Minda, y las supuestas irregularidades en la gestión de unos 10 millones de euros de ayudas públicas destinadas al fallido proyecto. «No existía documentación en el Gobierno. Tuvimos que ir poco a poco recogiendo», ha añadido.

Azkue ha aclarado que el Gobierno de Patxi López no tomó una decisión de paralizar el proyecto de construcción de la planta, cuyo fin era solucionar el problema medioambiental de los purines en Karrantza y contra la que el Ejecutivo no tenía «nada en contra; al revés, queríamos que saliese».

Según ha explicado, uno de los motivos de que no se abonasen las ayudas públicas al proyecto aprobadas por el anterior Gobierno del PNV y que quedaban pendientes fue la no presentación de la documentación justificativa correspondiente.

«Un Gobierno no puede paralizar pagos pendientes por capricho. Estaría prevaricando. Pero todo lo que se paga con dinero público tiene que tener un procedimiento muy concreto. La gestión de los dineros públicos es sagrada», ha indicado.

La abogada del Estado Macarena Olona ha especificado que la cuantía de las subvenciones pendiente de abonar por el Gobierno de Lakua era de 2,3 millones de euros. De ellos, 2 millones de euros fueron aprobados cuando el anterior Gobierno del PNV estaba ya funciones, antes de la entrada del PSE.

Azkue ha insistido en que en el proyecto promovido por la sociedad Karrantzako Minda «no casaba casi nada» y que en cada reunión con sus responsables «iba cambiándose» su contenido y su coste, pasando de unos 13 millones de euros iniciales a unos 26 millones.

En su opinión, aunque se hubiera abonado la cuantía de ayudas pendiente no se hubiera solucionado el problema de viabilidad del proyecto por el incremento sufrido por su coste.

Según ha relatado, fue la directora de Innovación en el Gobierno de Patxi López «la que empieza realmente a preocuparse» por la marcha del proyecto a raíz de una primera visita que hizo en 2009 a las obras de la planta, cuyos trabajos se paralizaron en septiembre de 2010.

Lakua encargó entonces dos estudios a la Universidad del País Vasco y al instituto de investigación y desarrollo agrario Neiker, que ponían «absolutamente en duda el proyecto».

En la sesión también ha declarado Jesús Gonzalo, responsable de la firma de arquitectos que elaboró la modificación de las normas subsidiarias de Karrantza con el fin de instalar la planta de purines. Este testigo ha señalado, como han hecho otros antes, que era el exdirector de Innovación del Departamento de Agricultura Martín Ascacibar quien «gestionaba» el proyecto.