González y la actual consejera autonómica de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que era la diputada foral de Servicios Sociales cuando se destapó esta presunta red de prostitución, han comparecido por separado en la comisión correspondiente de las Juntas Generales para proporcionar explicaciones a los grupos sobre la gestión en torno a este asunto.

La comisión se ha celebrado a puerta cerrada y a su término el diputado general, en unas breves declaraciones a los periodistas, ha destacado que «se ha dado cumplida información» a los grupos y se han aclarado «todas las dudas» que pudieran tener.

«Lo que ha quedado totalmente claro es que la Diputación actuó de manera absolutamente inmediata en relación a este asunto y en cuanto lo conoció adoptó medidas a todos los niveles, poniéndolo en conocimiento de la Ertzaintza y de la Fiscalía y adoptando medidas en relación con el tratamiento de los menores», ha enfatizado.

Por su parte, Artolazabal ha reconocido que todo lo relacionado con este asunto «es mejorable», pero ha señalado que a corto plazo tomó las «determinaciones inmediatas desde el momento» en el que tuvo constancia de ello «con el objetivo de favorecer y proteger a los menores».

Fuentes del grupo del PP en las Juntas Generales, partido impulsor de ambas comparecencias, se han mostrado «muy preocupados y defraudados» tras las explicaciones porque a su juicio no han sido «ni completas ni suficientes» y han evidenciado la existencia de «muchas contradicciones que no han quedado resueltas».

El grupo juntero de EH Bildu ha opinado que en la comparecencia ha quedado claro que «los protocolos de actuación se han cumplido» y ha recordado que son «los mismos que existían en la legislatura anterior» por lo que «si hay responsabilidades, deberían ser compartidas por el gobierno actual y el anterior». Ante ello, ha defendido el cambio de todos los protocolos, decretos y normativas que tienen que ver con la atención de los menores.

La juntera de Podemos Itsaso Roldán ha dicho que su grupo hará lo posible para que esta situación no vuelva a ocurrir y ha asegurado que está claro que hay que revisar el protocolo y mejorar las herramientas actuales para garantizar la protección de personas a cargo de la Diputación.