El colectivo antidesahucios ha considerado que cuando García fue elegida senadora «debió comunicar su nueva situación económica a Alokabide y dejar para personas realmente necesitadas la vivienda social que ocupaba».

En su opinión, «no es comprensible» que alguien que ha firmado «un código ético de moralidad y transparencia haya acumulado tantos meses de impago, y aceptado que su caso llegara a los tribunales, teniendo medios suficientes para cancelar la deuda de 3.000 euros».

Stop Desahucios de Araba ha considerado que «las circunstancias personales» alegadas por la senadora de Podemos «ni explican ni justifican un comportamiento que perjudica a quienes estamos luchando para que Alokabide no desahucie por impago a deudores de buena fe, que son la inmensa mayoría».

Fuentes de Podemos en el Senado han explicado a Efe que esas circunstancias aludidas por Stop Desahucios se refieren a una «situación de estrés derivada la relación que (García) mantenía con su expareja».

El PP ya criticó la semana pasada el proceder de García,  ya que cuando el Departamento de Vivienda inició los trámites de desahucio en octubre llevaba cuatro meses en la Cámara Alta, por lo que «ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos de alquiler social», dado que sus ingresos mensuales son de unos 5.682 euros.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha reprochado a Podemos que no haya «dicho ni mu» sobre este caso. «Lo que no vale es chillar mucho en la tribuna y luego, en el día a día, hacer exactamente todo lo contrario. Eso sí que es sangrante y quita legitimidad».