Martxelo DÍAZ
LIZARRA
Entrevista
KOLDO LEOZ
ALCALDE DE LIZARRA

«PSN y UPN han actuado en beneficio de las constructoras»

El alcalde de Lizarra, de EH Bildu, tiene ante sí una situación económica complicada, ya que el Ayuntamiento se enfrenta a posibles indemnizaciones de hasta diez millones de euros debido a la mala gestión de las anteriores alcaldesas en una operación urbanística en Oncineda.

El proyecto de una ciudad deportiva en Oncineda se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Lizarra, que se enfrenta a indemnizaciones millonarias por la mala gestión de las alcaldesas precedentes, de PSN y UPN.

El Ayuntamiento de Lizarra correl riesgo de tener que abonar diez millones de euros en indemnizaciones por Oncineda, lo que supondría que su viabilidad económica estuviera en entredicho.

Sí, hay que tener en cuenta que esa cantidad es prácticamente el ejercicio presupuestario de un año de la ciudad. Por lo tanto, la dimensión de la cuantía es muy preocupante. Hay que matizar que podríamos enfrentarnos a esa cantidad, pero estamos trabajando para que sea mucho menor. Lo que tenemos claro, y así nos lo han transmitido tanto nuestro secretario como los abogados, es que vamos a tener que pagar una cantidad importante. Intentaremos que sea lo menor posible, pero con la sentencia que tenemos encima de la mesa una de las constructoras que nos pide indemnización habla de 1,2 millones y otra de en torno a un millón. Vamos a ser positivos y confiar en que podamos bajar las cantidades, pero empiezan a ser cifras bastante elevadas.

El equipo que dirige se tiene que hacer cargo de la mala gestión de las alcaldesas precedentes, de PSN y UPN.

Hay que recordar que María José Fernández [alcaldesa del PSN, 2003-2007] inició el procedimiento y tiene actuaciones que debería explicar a la ciudadanía con más detalle. Y después UPN [con Begoña Ganuza como alcaldesa, 2007-2015] la acaba de liar. Pero nosotros no escurrimos el bulto y no decimos que no queremos asumir este lío. Somos conscientes de que tenemos un problema serio para la ciudad y que lo tenemos que solucionar. Pero hacemos una crítica polñitica a la gestión que han hecho UPN y el PSN.

Han criticado que los dos alcaldesas firmaron anexos sin notificarlo a los órganos del Ayuntamiento.

Sí. Tanto en el caso del PSN como de UPN. El lío empieza con María José Fernández. El proyecto de ciudad deportiva de la legislatura 2003-2007 era exagerado, con un volumen de 23 millones de euros. Pero estaba distribuido en fases y la primera, de unos siete millones, tenía un estudio de viabilidad de la interventora. El verdadero problema es cómo se han obtenido los terrenos. Se elige una expropiación amistosa con los propietarios a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos en otra zona de Estella, en Ibarra. A cambio, el Ayuntamiento se quedaria con los terrenos de Oncineda. Se firman unos convenios y se hace una modificación de planeamiento para convertir esos terrenos rústicos en urbanizables. Pero esa modificación es anulada por el Tribunal Contencioso. Cuando los convenios están anulados es cuando empieza el verdadero lío, con la firma de los anexos. La primera que firma anexos es Mari Jose Fernández, la alcaldesa del PSN. Además, firma el primero a quince días de las elecciones municipales y el segundo, como alcaldesa en funciones, sabiendo que UPN ha arrasado en las elecciones, que ha sacado ocho concejales y que con CDN tiene mayoría suficiente para gobernar. UPN hasta entonces se había mostrado contrario al proyecto, por lo que ese segundo anexo parece que es para dejarlo atado. Se pone un precio al terreno cuando no había ninguna necesidad. Es marcar un precio que compense a las constructoras si el proyecto sale mal si no se desarrollaba Ibarra.Se les cubre lo que se gastan y se les da un poquito más. Llega UPN con Begoña Ganuza, que siempre se había opuesto al proyecto, y sigue firmando anexos, cuando podría haber renunciado a las expropiaciones y haberlo parado. Y en uno de esos anexos subre el precio a 108 euros cuando hasta entonces se reconocían 43,94. El tema es grave porque en una cláusula del convenio si a un propietario se le mejoran las condiciones, se le mejoran a todos los demás. Hay que poner todos los convenios a 108 euros, que es de donde salen los diez millones de euros. Sin anexos, no tendríamos caso Oncineda. Y UPN ha hecho la de la avestruz. No ha tomado ninguna decisión y estamos en esta situación. Los convenios se firman con el conocimiento de la junta de gobierno local, en la que estaban PSN, IUN, PNV, EA y la CUE. Los dos anexos de María Jose Fernández no pasan por ese órgano, le son completamente desconocidos. En el expediente no constan esos anexos. Y Begoña Ganuza hace lo mismo. Los firman las alcaldesas a título personal, tanto la del PSN como la de UPN. Desde la oposición no teníamos conocimiento de ello y pensábamos que el proyecto estaba parado. ¿Cuándo nos damos cuenta? Al entrar EH Bildu a la Alcaldía nos llega una resolución del Contencioso condenándonos y resolviendo a favor de una constructora. Es entonces cuando nos empiezan a saltas todas las alertas.

¿Se puede decir que la actitud de PSN y UPN beneficiaba casi más a las constructoras que a la ciudadanía de Lizarra?

Sin casi. Me atrevo a decir que ambos han actuado más en beneficio de intereses privados que de los de la propia ciudadanía. Como alcalde, no me entra en la cabeza que se pueda actuar de esta manera. Los anexos benefician claramente a unas constructoras poniendo en peligro financiero al Ayuntamiento y a las arcas municipales.