El documento ha sido suscrito por diputados y senadores de PNV, EH Bildu, Podemos, ERC, IU, En Marea, Compromis y PDeCAT, y en el mismo piden que «imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad» en este caso, y requieren la eliminación de la calificación penal como «delito de terrorismo».

Asimismo, piden la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Iruñea y la puesta en libertad de los tres jóvenes altsasuarras que todavía siguen encarcelados. Estos 88 cargos electos también solicitan a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Nafarroa) que «reconsideren sus actuaciones» en este caso, al tiempo que piden a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que «colaboren en la consecución de estas peticiones».

Los firmantes de esta declaración afirman que «la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger».

En este sentido, recuerdan que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, «contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo».

Entre otras cosas más, también resaltan el «perjuicio irreparable» que ocasionaría a los jóvenes altsasuarras el cumplimiento de «penas desproporcionadas».