En una rueda de prensa en Gasteiz, Artolazabal ha explicado que los casos de fraude o uso inadecuado de las prestaciones que concede Lanbide apenas suponen un 0,9% de los 135.000 expedientes de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que se revisaron en 2016.

La medida más llamativa de las anunciadas por Artolazabal para controlar estas ayudas es la exigencia de la huella digital a todos los trabajadores y usuarios de Lanbide. La huella digital es un sistema que identifica a las personas a través del reconocimiento de sus huellas dactilares mediante un escáner.

Este sistema ya se utiliza en otras administraciones y en algunas empresas privadas, y en algunos casos ha dado lugar a denuncias por la presunta vulneración de la Ley de Protección de Datos. En 2015, el PP ya planteó que se aplicara este sistema de identificación en Lanbide.

No obstante, han detallado que la propuesta de ese partido presentaba diferencias con la del Gobierno de Lakua, ya que a diferencia de esta última, el PP reclamaba la huella digital solo para determinados perceptores de las ayudas de Lanbide, con el fin de acabar con los «abusos» de quienes utilizaban «pasaportes falsos».

Acuerdo presupuestario

Artolazabal ha rechazado que exista «vinculación» alguna entre la decisión de adoptar esta medida y el acuerdo presupuestario firmado este pasado martes con el PP. La consejera ha recordado que poco después de tomar posesión de su cargo ya anunció que se estaba trabajando para poner en marcha esta medida.

En la documentación aportada por el Ejecutivo autonómico se indica que se implantará un sistema de identificación «garantizado» basado en la huella digital. Este mecanismos se aplicará para «todas las personas usuarias de Lanbide, y no sólo para los perceptores de la RGI y la PCV».

Además, se indica que «cualquier trámite dentro de Lanbide se utilizará como método de identificación la huella digital».