Esta sentencia se une así a otra resolución, emitida el pasado 30 de enero por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que desestimó entonces la pretensión de GuraSOS de que el proceso de adjudicación de la incineradora fuera suspendido cautelarmente por la falta de este proceso de participación ciudadana.

El TSJPV desestimó el pasado 20 de febrero otro recurso de la misma asociación para paralizar cautelarmente la adjudicación de esta infraestructura.

La nueva sentencia rechaza nuevamente la petición de la citada plataforma, a la que recuerda que el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos corresponde «a los ciudadanos en cuanto a tales y, por consiguiente, a las personas individuales. Es decir, lo que consagra nuestra Constitución es un derecho de participación de los ciudadanos, por lo que la asociación recurrente no puede arrogarse un derecho de participación que corresponde a los primeros».

La resolución judicial advierte asimismo de que la Ley «no garantiza un derecho a que los ciudadanos participen en todos los asuntos públicos, cualquiera que sea su índole y su condición, pues para participar en los asuntos concretos se requiere un especial llamamiento o una especial competencia» por parte de órganos públicos o «una especial legitimación» en el caso de «entidades o sujetos de derecho privado».

La sentencia indica que la soberanía popular «normalmente» se ejerce «a través de representantes» y que sólo «excepcionalmente» puede ser «directamente ejercida por el pueblo».

Lasa: «Con todas las garantías»

El portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, ha asegurado que la Justicia «vuelve a confirmar» que el proceso de construcción de la incineradora «cumple con todas las garantías jurídicas, administrativas y democráticas», y «respeta los derechos individuales y colectivos».

Aunque GuraSOS se presenta como una plataforma ciudadana sin adscripción política, Lasa ha comentado queante la «batería de recursos presentada por la izquierda abertzale con el único fin de entorpecer y suspender este proceso», la Justicia «está dando la razón una y otra vez a la Diputación».

«Esto no es un proyecto realizado de la noche a la mañana, sino debatido y consensuado durante largos años, fruto de una planificación integral y responsable y de un proceso participativo en el que se tuvieron en cuenta todas las ideas y aportaciones», ha recalcado.