«En lugar de hacer estas propuestas, seguían exigiendo la retirada del anteproyecto», ha precisado la presidenta en el Parlamento de Nafarroa, tras apuntar que «es un proyecto suficientemente importante como para que las organizaciones sindicales hubieran llevado a cabo propuestas de reforma y de mejora».

Además, ha negado las afirmaciones del portavoz de UPN, Javier Esparza, en las que acusaba a la presidenta de querer hacer «desaparecer» el cuerpo.

Así, Barkos ha respondido que «hacer desaparecer a la Policía Foral podría entenderse por aquellos gobiernos que han estado más de seis o siete años sin convocar una sola Oferta Pública de Empleo» y desde la perspectiva «de aquellos que no quisieron ver una nueva regulación legislativa y normativa».

«Eso es lo que apunta a una desidia política con respecto a Policía Foral, no el trabajo que desde hace cerca de dos años lleva haciendo este Gobierno», ha zanjado, tras recordar la «clara vocación» del Ejecutivo «por negociar», ya que se encuentra «dispuesto a seguir manteniendo cuantas reuniones quieran tener» las partes implicadas «para poder llegar a acuerdos».

El regionalista Javier Esparza, que ha pedido la retirada del documento, ha criticado que la presidenta haya decidido tramitar la ley «en contra de todos los sindicatos».

«Por primera vez en muchos años, ha logrado la unidad sindical para decirle no a su política, a su imposición, a su prepotencia, a su sectarismo», ha afirmado, tras advertir que «la soberbia le impide ver la realidad».

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha manifestado que «es hora de que las organizaciones sindicales empiecen a comportarse como tales» y de que «presenten alternativas», y el de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha lamentado que «más allá del rechazo global», los sindicatos no han trasladado un «planteamiento».

Sin embargo, el parlamentario de Podemos Carlos Couso ha reconocido que «el Gobierno del cambio tendría que haber hecho las cosas de otra manera y se ha confundido en varios aspectos».

En este sentido, ha explicado que «el proceso ha sido un error», porque «el primer documento que tendría que haberse elaborado es el Plan director».

Además, ha advertido de que «no se ha empezado por el principio, por quienes tienen que sacar las castañas del fuego y hacer que esa ley funcione», que son los agentes, quienes «se han sentido ninguneados».

Por ello, ha anunciado que la formación no respaldará el proyecto «para intentar que se dé este proceso de negociación colectiva», con la condición de que la propuesta de los sindicatos «esté encima de la mesa». Así, ha apostado por retirar la iniciativa, «ir a una mesa y que las dos partes pongan sus documentos».

Por el PSN, María Chivite ha lamentado que la presidenta «pone en una situación complicada a sus socios de gobierno» y que «alienta, ampara y suscribe la remisión al Parlamento de una ley que va absolutamente en contra de todos los sindicatos».

Tras mostrarse en contra del «fondo y de la forma», ha pedido que «haga caso a la petición sindical» y negocie sobre la base de la ley que está actualmente en vigor.

Por el PP, Ana Beltrán ha trasladado su preocupación por la actitud «de imposición» del Gobierno navarro y ha calificado la forma de gobernar tanto de la presidenta como de la consejera Beaumont de «mano de hierro».

«Ni siquiera los suyos están con ustedes», ha advertido, tras cuestionar qué hay «de trasfondo» para que «los dos partidos nacionalistas vascos», Geroa Bai y EH Bildu, sean «los únicos» que están a favor.

«Hay un tufo muy desagradable», ha asegurado, mientras que el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha pedido al Gobierno y sindicatos que «en la materia que les compete, negocien».