El 5 de abril de 2016, señala el sindicato en un comunicado, el vicepresidente de Derechos Sociales Miguel Laparra se comprometió en el Parlamento de Nafarroa a cambiar el decreto que establece la cantidad de personal por usuario en los diferentes ámbitos de los servicios sociales.

En concreto, destaca LAB, Laparra se comprometió a elaborar en un plazo de tres meses un informe de la situación actual por un grupo técnico, que posteriormente debía ser debatido y trabajado con representantes de los trabajadores, así como usuarios y familiares de los mismos.

De esta forma, se cambiaría el actual decreto, que «no asegura ni condiciones ni cargas de trabajo aceptables, ni un servicio de calidad a las personas usuarias», denuncia LAB, que llegó a recoger en un mes 12.000 firmas de apoyo a esta reivindicación.

Sin embargo, subraya el sindicato, «tras varios meses de espera», no han tenido noticias del informe ni se ha convocado a representantes de trabajadores, usuarios y familiares, «aunque fuera para dar explicaciones del retraso».

«Tampoco han cumplido otros compromisos que, en teoría, mientras no se cambiara el decreto de ratios, iban a ir introduciendo en los contratos que hacen con empresas que gestionan centros de personas con discapacidad, para personas mayores, para menores, para mujeres víctimas de la violencia machista, y otros muchos colectivos con necesidades especiales», asevera LAB.

Por ello, «viendo que en este tema el Gobierno de Geroa Bai, aparte de las formas, poco ha cambiado respecto al Gobierno de UPN», el sindicato afirma verse en la obligación de «retomar la dinámica de denuncia y movilización en favor de unas condiciones y cargas de trabajo adecuadas para asegurar un cuidado de calidad en los servicios del ámbito de las políticas sociales».

LAB hace un llamamiento a movilizarse en favor de un nuevo decreto que «asegure más personal» y a favor de un proceso participativo para debatir las nuevas ratios, «en el que tomen parte quienes sufren los problemas habituales en este sector», que son usuarios, familiares y plantilla, para «asegurar unos servicios sociales realmente de calidad».