En un comunicado, los denunciantes han informado de que el pasado viernes, 19 de mayo, el Juzgado dictó resolución de admisión a trámite de la denuncia judicial formulada desde diferentes colectivos sociales de Bizkaia presentada por los «Criterios de Lanbide en materia de Renta de Garantía de Ingresos» del 7 de abril de 2017.

El órgano judicial da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso y para que remita el expediente. También acuerda medidas cautelares contra dichos criterios «en tanto no recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento judicial», sobre todo, en lo relacionado a los apartados 2.1 y 2.2, referentes a cuestiones como el padrón, los contratos de alquiler o la residencia efectiva. Para evitar su inaplicación temporal, Lanbide tiene 10 días para dar una respuesta satisfactoria ante el Juzgado de lo Contencioso.

La demanda admitida a trámite recurría 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados, por considerar 17 de ellos contrarios a la Ley, y el resto porque «necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), y no mediante una circular interna».

«Desde la instauración del Ingreso Mínimo de Inserción en el año 1989, ha sido una constante que las Leyes y Decretos que regulan las diferentes prestaciones sociales vinieran acompañadas de la elaboración de manuales de aplicación e instrucciones internas», señalan los colectivos sociales.

En este sentido, explican que, durante años, han demandado su publicación y que fueran accesibles, «en la medida que muchas veces las motivaciones para las denegaciones, suspensiones o resoluciones de Lanbide se hacían mencionando unos criterios que eran inasequibles para las personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo».

Sin embargo, han apuntado que Lanbide «aprovecha la reciente publicación de sus criterios en su página web para introducir recortes en el acceso a las prestaciones sociales. Mediante la denuncia judicial admitida a trámite se quiere evidenciar el incumplimiento sistemático de la legalidad y normativa establecida por parte de Lanbide».

A su juicio, «es criticable que el Gobierno vasco quiera iniciar un debate sobre la reforma de la RGI mientras empieza ya aplicar una serie de recortes a la actual legislación, sin ningún amparo legal para esta actuación».