Pili Zabala, presidenta del grupo Elkarrekin Podemos, acompañada de parlamentarios de todos los partidos que participan en la coalición, han presentado su guión para la Ponencia de Memoria y Convivencia, cuyas prioridades son «dar protagonismo a todas las víctimas», insistiendo en ese «todas» y abordar la situación de «las personas presas desde un planteamiento integral».

En lo relacionado a las víctimas, han defendido su derecho a la reparación y a la verdad. Destacan que en lo relativo a la reparación en 2012 se aprobó en el Senado una reforma de la ley por la que se excluye a las víctimas que se considere que han sido también victimarios, sin tener en cuenta ni siquiera su presunción de inocencia. Pili Zabala sostiene que esa reforma fue «injusta» y debe ser «rectificada». También subraya el recurso ante el Tribunal Constitucional de la Ley de víctimas de la violencia del Estado por parte del Gobierno español. Elkarrekin Podemos propone que después de escuchar a las víctimas sea cuando se decidan las iniciativas a adoptar.

En cuanto al derecho a la verdad, Elkarrekin Podemos recuerda que hay unas trescientas víctimas de ETA que no conocer la autoría de los atentados sufridos, un apartado en el que se encuentran prácticamente todas las víctimas de la violencia estatal o paraestatal.

Elkarrekin Podemos propone que se aborde la situación de las personas presas desde un punto de vista integral desde los derechos humanos. Por ello, emplaza al Gobierno español a dar un «tratamiento humanitario» a presos enfermos y el acercamiento de todos ellos; y demanda la eliminación de cualquier tipo de excepcionalidad en su tratamiento, con progresiones de grado y sujeción a los tribunales ordinarios.

Además, Elkarrekin Podemos considera que sería positivo que los presos por ejercer la violencia o haber empujado a otros a practicar la violencia, «reconozcan el daño injusto causado». Lander Martínez explica que esa autocrítica no es una condición para que se respeten sus derechos.

En materia de presos, Elkarrekin Podemos ha querido llamar la atención sobre aquellos que se acogieron a la llamada «Vía Nanclares» que «reconocieron el daño injusto causado, su disposición a reparar a las víctimas y se desvincularon de ETA», pero «el Gobierno español sigue negándoles sus derechos penitenciarios y la reinserción».