Naiz

El Gobierno navarro sustituye el «restrictivo» decreto del uso del euskara en la Administración

El Gobierno de Nafarroa ha aprobado el proyecto del nuevo texto normativo que sustituirá al «restrictivo» Decreto Foral que regula el uso del euskara en las administraciones navarras, los organismos públicos y las entidades de derecho público dependientes.

La consejera Ollo ha destacado que el decreto busca regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a usar el euskara en sus relaciones con las administraciones públicas. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)
La consejera Ollo ha destacado que el decreto busca regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a usar el euskara en sus relaciones con las administraciones públicas. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)

El proyecto, que ahora será remitido al Consejo de Nafarroa para su preceptivo informe, busca «regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a usar el euskera en sus relaciones con las administraciones públicas, en los términos establecidos en la zonificación y respetando las competencias de las entidades locales».

De esta manera, se «pretende superar un marco normativo muy restrictivo, que legisla en negativo y que impide tender a una ciudadanía cada vez más bilingüe», ha dicho en conferencia de prensa la consejera de Relaciones Institucionales y Ciudadanas, Ana Ollo.

Y ha subrayado que se trata de un texto «posibilita, realista, hecho desde la responsabilidad, en el marco de la ley ahora vigente y mirando a los derechos de la ciudadanía euskaldun para superar la situación de desigualdad generada» con los años.

Ollo ha añadido que para elaborar este nuevo Decreto Foral no solo se ha realizado un proceso participativo sino que también se ha tenido en cuenta la última encuesta sociolingüística de Nafarroa, que fija en 80.000 las personas vascohablantes, en 60.000 más las euskaldunes pasivas, y en un 25 % de la población de entre 16 y 24 años la que habla euskara.

A estos datos la consejera ha contrapuesto las cifras de empleos públicos con euskara, 148 de un total de 16.413, uno por cada 110 habitantes, cuando hay 1.110 empleados con un «nivel avanzado» de euskara para atender a la ciudadanía.

Por eso, tras asegurar que el proyecto de Decreto Foral «no modifica para nada» ni el sistema de acceso a la función pública ni la provisión de puestos de trabajo, y que con él se «respetan los derechos adquiridos» por los empleados públicos, ha defendido que se puede mejorar la atención con «eficiencia» en el uso de los recursos y «voluntad».

La consejera ha precisado que una vez sea definitivamente aprobado y publicado en el BON para su entrada en vigor, los departamentos del Gobierno dispondrán de un año para planificar su la plantilla de euskara, que antes de ser aprobada se negociará con los sindicatos.

Esta es una de la modificaciones que se introdujo al primer texto elaborado por el Ejecutivo en el marco de l proceso de participación que se ha seguido y en el que varias aportaciones han sido tenidas en cuenta.

En este proceso, según ha señalado Ollo, han tomado parte la ciudadanía, los sindicatos de la Función Pública, los departamentos del Gobierno y las entidades locales, y al respecto ha señalado que cuenta con el informe favorable de la Comisión Foral de Régimen local y del Consejo del Euskera.

El resultado, ha dicho, es un texto «garantista» para la ciudadanía y sus derechos lingüísticos, así como por los derechos de los empleados públicos, y en el marco del «respeto a las competencias y la autonomía de las entidades locales».

La consejera se ha referido también al informe del Defensor del Pueblo sobre el cambio de zonificación lingüística de los municipios, para decir que el Gobierno comparte su criterio de que las modificaciones legales las debe aprobar el Parlamento y también que en el espíritu de la Ley foral del Vascuence no estaba «la merma de derechos» que supone dejar la zona mixta para pasar a la no vascófona.

Por último, Ollo ha mostrado su «sorpresa"»por que casi medio año después del debate presupuestario surjan ahora críticas por la partida que prevé ayudas al euskara en los medios de comunicación, una medida «coherente» con la política del Ejecutivo navarro y prevista en la Ley del Vascuence.