Azkarraga ha denunciado que «democráticamente no resulta aceptable que, una vez producido el final de la violencia y, lo que es más importante, la imposibilidad de que ésta se reproduzca, el Gobierno español y una parte de su Justicia continúen actuando como si nada hubiera cambiado y aplicando una política basada en la venganza, despreciando las normativas legales y las políticas humanitarias».

El portavoz de Sare ha indicado que «mantener la dispersión de las personas presas, impedir la excarcelación de los presos y presas con enfermedades graves, o mantener una legislación excepcional contra este colectivo, supone un intento de mantener la confrontación y el enfrentamiento cuando una parte cada vez más importante de la sociedad vasca quiere mirar hacia adelante, cerrando heridas y abriendo espacios a la convivencia».

En la misma línea se ha mostrado Lasagabaster, quien ha manifestado que «el Estado español no está respetando el derecho de los presos a cumplir condena cerca de su domicilio habitual», al tiempo que ha añadido que su «calidad democrática es mínima».


«Los condenados a prisión deben tener respetados sus derechos y no tener la dispersión como una pena añadida», ha indicado el exfuncionario de Instituciones Penitenciarias Pepe Mouliá.