Con los votos a favor de UPN, Podemos, PSN, PP e I-E, la abstención de EH Bildu y el rechazo de Geroa Bai, la resolución insta al Gobierno navarro a «crear, con la participación de los agentes sociales y la Administración, un grupo de seguimiento de la contratación pública» para «velar por el correcto cumplimiento de los contratos públicos aprobados por el Ejecutivo Foral».

Se trata así de «garantizar que las condiciones laborales del personal que trabaja en las empresas subcontratadas se corresponden con las de las cláusulas sociales incluidas en los pliegos de condiciones».

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por PSN subraya la oportunidad de la inclusión de cláusulas administrativas para asegurar que las obras y los servicios subcontratados desde la Administración se prestan desde la «promoción del empleo inclusivo y de calidad».

Advierte sobre la incompatibilidad de este objetivo con el impulso de licitaciones a precios bajos, pues derivan en contrataciones «en condiciones no dignas e, incluso, por debajo de convenio».

En ese sentido y tras recordar las denuncias públicas efectuadas por varios sindicatos acerca de «ilegalidades, abusos y explotación» en la construcción, sector en el que las «irregularidades laborales y el fraude fiscal» afectan principalmente a empresas «subcontratadas por la Administración», el proponente llama a «velar por el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de adjudicaciones públicas».

En su defensa, Ainhoa Unzu, PSN, ha sido muy crítica con el Gobierno, que «se está equivocando y tiene un infinito margen de mejora» en su sistema de contrataciones, donde «está tirando los precios a costa de la precariedad laboral», ha dicho para «exigir» que las licitaciones «sean buenas y garanticen tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de los trabajadores que los prestan».

A favor, por UPN Luis Casado ha advertido de que lo planteado por PSN era «un poco alarmante», aunque ha asegurado que en lo transcurrido de la legislatura han podido comprobar que«"es así, y que en esos dos años se han licitado servicios en los que el dinero planteado no daba ni para cumplir» las normativas.

También Carlos Couso, Podemos, ha compartido «el fondo» y la crítica en la tardanza en cumplir el acuerdo de modificar la ley de contrataciones públicas, mientras que Javier García, PPN, ha respaldado que «siempre es positivo incrementar las medidas de control», al igual que José Miguel Nuin, I-E, «a favor de avanzar con fuerza y claridad en esa dirección».

En contra, Patxi Leuza, Geroa Bai, ha sido crítico con la actitud de PSN por plantear mociones intentando «abrir brechas en el cuatripartito», y ha rechazado la iniciativa por «inoportuna» en un momento en el que el Gobierno tiene «en fase muy avanzada la reforma de la ley foral de contratos públicos».

Mayorga Ramirez, EH Bildu, ha justificado su abstención en la necesidad de un debate «en profundidad y con mayor perspectiva» de este asunto, en el que se ha mostrado «de acuerdo» en garantizar las condiciones de «todos» los trabajadores, no solo de los de contratas públicas, pero ha cuestionado que el apoyo de UPN y PP, que «nunca han tenido como prioridad» esta preocupación, evidencia un «trasfondo ideológico muy importante» sobre los servicios públicos.