El secretario de Estado de Hacienda español, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido hoy una carta a la interventora general de la Generalitat de Catalunya, la segunda en menos de una semana, después de la que le envió el pasado martes reclamando explicaciones por el desvío, detectado el pasado 13 de julio.

En esta nueva misiva, a la que ha tenido acceso Efe, Fernández de Moya recuerda el acuerdo del pasado viernes de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que alertaba de la posibilidad de suspender las partidas a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si «se comprobaba que se estaba desviando dinero a preparar la consulta».

Un acuerdo mediante el cual «se supervisará semanalmente las cuentas de la Generalitat evitar que se destine dinero al referéndum del 1-O», para lo que la interventora general debe emitir un certificado.

En ese certificado se debe hacer «expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar o financien procesos refrendarios, así como las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad».

También señala la carta que la información recabada se trasladará a las autoridades competentes para dirimir la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable o penal que, en su caso, «pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con la celebración de procedimientos relativos a consultas o referéndums ilegales».

Añade que la «resistencia o la negativa a suministrar la información solicitada» será objeto igualmente de «traslado a las autoridades competentes, a los efectos de reclamar las responsabilidades que correspondan».

El Gobierno español decidió aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat catalana y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros, en una de las certificaciones mensuales que hasta ahora estaba obligado a remitir el Govern catalán.

Fue en una partida, con cargo al programa "132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública reclamó más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que no ha contestado.