El caso está en manos de la Audiencia Nacional española, después de que así lo decidiera el Tribunal Supremo, al entender que se podía haber producido un delito de «terrorismo», en contra de la opinión de la Audiencia Provincial de Nafarroa.

Los concentrados han vuelto a demandar la puesta en libertad de los jóvenes y han rechazado que los altercados de la capital navarra sean calificados como «terrorismo».