NAIZ
IRUÑEA

La plataforma contra las minas reclama declaración de impacto ambiental negativa para Muga

La Plataforma contra las minas de Potasa en Erreniega y Bal d'Onsella ha solicitado la declaración de «impacto ambiental negativa» para la mina Muga y ha denunciado que la empresa minera Geoalcali incumple los requerimientos del Ministerio español de Medio Ambiente en el proyecto refundido de dicha mina.

Zona afectada por los residuos de potasa en Undio. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)
Zona afectada por los residuos de potasa en Undio. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)

Esta plataforma recuerda que el Ministerio requirió a la empresa el pasado mes de diciembre la redacción de un proyecto refundido, que fue presentado por el promotor al Ministerio el 28 de abril y ha sido sometido a consultas, «después de la reiteradas solicitudes de la plataforma, asociaciones, sindicatos y partidos políticos». El proyecto afecta a las localidades navarras de Zangoza y Xabier y a la zona aragonesa de las Altas Cinco Villas.

La plataforma ha señalado en una nota que, tras el examen del nuevo proyecto, «la conclusión es alarmante».

«Geoalcali ha incumplido sistemáticamente los requerimientos de la Administración, en los que se solicitaba la clarificación de aspectos técnicos y ambientales del proyecto, y lo ha realizado negando los problemas o retando a los organismos públicos a que demuestren lo contrario», sostiene la plataforma.

Ha apuntado que el proyecto sometido a exposición pública en 2015 ha cambiado «en algo tan objetivo como que la superficie de la mina es ahora casi un 40 % más grande».

Ello genera «nuevas zonas de afección, mayor cercanía al pantano de Yesa, la excavación bajo el pueblo de Undués, y ha cambiado los trayectos de las líneas eléctricas, la localización de la bocamina o la distribución completa de la planta industrial», indica la plataforma.

Ha señalado además que en el trámite de consultas «no se han aportado documentos imprescindibles para la evaluación como es el proyecto de explotación o, reglamentariamente exigidos, como es el plan de restauración que requiere la normativa ambiental».

«Estamos ante un nuevo proyecto que, salvando el nombre, nada tiene de comparable con lo informado y expuesto públicamente en 2015, y que además sigue siendo un documento incompleto, falto de rigor, agresivo con el medioambiente y peligroso e inseguro para los pueblos afectados y sus gentes», afirma la plataforma.