Organizaciones sociales han convocado para hoy a las 11.00 hora colombiana (siete horas más en Euskal Herria) una protesta frente a la Casa de Nariño, sede presidencial, en denuncia por la muerte de nueve campesinos en el municipio de Tumaco durante una movilización de cultivadores de coca que exigían el cumplimiento de los acuerdos de La Habana.

En un comunicado, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (ASOMINUMA) rechaza «el proceder desmedido de la Fuerza Pública frente a los campesinos indefensos que estaban manifestándose pacíficamente» para reclamar el cumplimiento de los programas de sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito.

Niega la versión oficial del Ejército y la Policía, que acusaron a disidentes de las FARC de haber lanzado cinco cilindros bomba «de los cuales no existe la mínima evidencia en el lugar de los hechos. De haber existido la explosión de cilindros bomba, el radio de acción de la explosión hubiese sido incalculable y, seguramente, las víctimas no serían solo los miembros de la comunidad» campesina.

ASOMINUMA emplaza al Ejército y a la Policía a que «se remitan a informar la realidad con imparcialidad» y a responder por «el uso desmedido, desproporcionado e innecesario de la fuerza».

Frente a estos hechos, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha exigido al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que investigue «a fondo» lo ocurrido y se sepa la verdad sobre «los autores intelectuales y materiales de este atroz crimen».

Asimismo, pide garantías de justicia, reparación y no repetición. Advierte de que «la paz estable y duradera no puede florecer en campos y ciudades cuando la Fuerza Pública arremete de forma desproporcionada contra las comunidades que debieran proteger».

Demanda a la comunidad internacional que «rodee los acuerdos de La Habana y exija su implementación para que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder en Colombia» y a los medios de comunicación que informen con «verdad y veracidad. La ética informativa debe ser un pilar para la paz y la reconciliación de nuestro país».

A través de su cuenta de Twitter, Pablo Catatumbo ha urgido a enviar a Tumaco una comisión de investigación.

Voces de Paz considera que lo ocurrido en Tumaco «obedece al escalamiento de la confrontación entre las autoridades, en particular la Fuerza Pública, y la población de las zonas más marginadas del país en las que las familias han tenido que recurrir históricamente a la siembra de cultivos de uso ilícito para garantizar su supervivencia».

«Es deber del Estado garantizar la vida, integridad física y derechos humanos de la población rural, cuyo sustento aún dependa de la hoja de coca y erradicar el tratamiento de guerra que se da a las comunidades de dichos territorios. El Estado no puede responder con violencia física y judicial a unos compatriotas que lo que esperan es la mano tendida de las instituciones y el compromiso de todo para garantizarles una vida digna, alejada de toda forma de violencia. Ese es el compromiso adquirido en el acuerdo de paz», insiste.