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DONOSTIA

GHK decide demandar a Intxaurrandieta y Errazkin por haber parado la incineradora

GHK, con los votos favorables de PNV y PSE, ha decidido demandar a Ainhoa Intxaurrandieta e Iñaki Errazkin, anteriores gestores del Consorcio, por las indemnizaciones que el ente público pagó tras la rescisión del contrato para la construcción de la incineradora. Las cantidades reclamadas ascienden hasta los 41 millones de euros.

Intxaurrandieta y Errazkin, con el gerente de la empresa encargada de la construcción de la incineradora. (Juan Carlos RUIZ/ARGAZKI PRESS)
Intxaurrandieta y Errazkin, con el gerente de la empresa encargada de la construcción de la incineradora. (Juan Carlos RUIZ/ARGAZKI PRESS)

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) interpondrá una demanda contra su anterior presidenta, Ainhoa Intxaurrandieta, y el miembro de su Consejo de Administración y anterior diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, para exigir la devolución de las cantidades utilizadas para el pago de indemnizaciones por la rescisión del contrato para la construcción de la incineradora, que ascienden a 41 millones de euros.

Además, los citados cargos deberán responder por las consecuencias de la citada decisión que, según GHK, acarreó «la pérdida de la financiación concedida por el BEI para este proyecto y las pérdidas provocadas por los swaps».

La decisión de demandar a Intxaurrandieta y Errazkin –a quienes consideran «principales responsables de los prejuicios ocasionados– ha sido adoptada por la asamblea de la entidad pública, con los votos a favor del PNV y PSE.

El actual presidente del Consorcio, José Ignacio Asensio, ha señalado tras la decisión que GHK «no hace otra cosa que proteger el interés y el dinero de los guipuzcoanos», y ha añadido que la denuncia se dirige contra los antiguos responsables por «desoír los mandatos» de las Juntas Generales e «instar al acuerdo» en el seno del Consorcio «con informes jurídicos en su contra».

Las cantidades reclamadas ascienden hasta los 41 millones de euros: 8,2 por la indemnización por la rescisión del contrato y 31,7 por los «perjuicios económicos que acarreó la decisión». El resto, lo ha atribuido a la suma de «otros pequeños gastos» derivados de la pérdida de financiación.