El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz (EH Bildu), ha ofrecido una conferencia de prensa en la que ha informado de la sentencia sobre el ‘caso Oncineda’ junto a los demás integrantes del equipo de gobierno, Geroa Bai y Ahora Estella.

La sentencia señala que el Consistorio deberá abonar 108 euros por metros cuadrado a los citados promotores, en lugar de los 2,25 euros que defendía el Ayuntamiento, más una compensación. Como consecuencia de ello, el montante total que deberá pagar rondará los veinte millones, por encima del presupuesto municipal anual.

El ‘caso Oncineda’ tiene su origen en el proyecto promovido en 2006 por la entonces alcaldesa María José Fernández (PSN), con la adquisición de los terrenos ubicados en esa zona para construir una ciudad deportiva.

Un comunicado emitido por el actual equipo de gobierno municipal señala que el proyecto original contaba con un plan de viabilidad «que UPN invalidó en la siguiente legislatura al desviar la subvención de un millón de euros que el Ayuntamiento había recibido del Gobierno de Navarra para la construcción de la ciudad deportiva».

El Consistorio indica que, «además, gastó 1.478.000 euros en la reforma del campo de fútbol, imposibilitando la futura venta de esos terrenos, algo imprescindible para obtener la financiación necesaria para llevar a cabo la ciudad deportiva». También señala que «para más abundamiento, se gastaron 634.000 euros en las viejas piscinas del agua salada».

En el proyecto original, «y antes de quedar invalidado», recuerda el alcalde Leoz, «se preveía el desarrollo del proyecto por fases, y para ello se expropiaron unos terrenos a cambio de unos aprovechamientos urbanísticos en la futura zona de Ibarra».

Se hizo entonces una modificación de planeamiento «para convertir aquellos terrenos rústicos en urbanizables y se firmaron unos convenios entre el Ayuntamiento y diferentes propietarios».

Los convenios los firmó la alcaldesa Fernández y se redactaron «sobre una modificación de planeamiento aprobada por el Gobierno de Navarra en 2005».

«Pero dos años más tarde, en 2007, nueve sentencias de la Sala de lo Contencioso a recursos presentados por diferentes propietarios de Oncineda invalidaron dicha modificación urbanística y, por consiguiente, también los convenios que se sustentaban en ella», subraya el actual equipo de gobierno.

Leoz agrega que, posteriormente, «la alcaldesa socialista comenzó a firmar en pleno periodo electoral y pocos días después de las elecciones, ya conocida la victoria de UPN, como alcaldesa en funciones, unos anexos a los convenios que habían sido anulados, con los que los revitalizó».

Tras las elecciones de 2007, Begoña Ganuza, de UPN, asumió la alcaldía y firmo su primer anexo «el mismo mes de julio en el que tomó posesión».

«Y no solo continua con el despropósito de revitalizar unos convenios que estaban anulados mediante unas firmas que no están avaladas por personal técnico municipal, sino que además agrava todo este caso de manera imprudente», señala el comunicado del equipo de gobierno.

De 43 a 108

Ganuza firma entonces con la familia Mendiri-Ursúa un anexo en el que, en lugar de continuar con la tasación de 43,94 euros por metro que había establecido la anterior alcaldesa, establece un precio de 108 euros por metro cuadrado.

La cláusula octava del anexo indica que, en caso de que algún propietario de terrenos en Oncineda consiga mejores condiciones que las firmadas, «estas serán de aplicación para todo el conjunto».

Tras esta firma con la familia Mendiri, Ganuza firmó otros tres anexos, dos de ellos con constructoras creadas días antes de la compra de terrenos en Oncineda, Herchi y Alhama.

Ahora, el Jurado de Expropiación ha dado la razón a ambas promotoras en su litigio con el Consistorio y ha fijado el precio a pagar por el Ayuntamiento en 108 euros por metro cuadrado, más un 5% de «premio de afección» y un 60% de intereses de demora desde la firma del convenio.

En consecuencia, Actividades Alhama S.L. recibirá un total de 1.535.148,45 euros y Promociones Herchi S.L, otros 2.823.709,30 euros. Ambas promotoras habían comprado los terrenos de Oncineda por un montante de 1.121.872 euros.

La sentencia implica, según el alcalde, que «si se aplicara el mismo precio por metro cuadrado y los mismos porcentajes de premio de afección e intereses con el resto de propietarios, estaríamos hablando de un montante total al que podría verse obligado a abonar el Ayuntamiento de alrededor de 20 millones de euros y no de 11 millones, como se había calculado anteriormente».

«Ni debe ni puede hacer frente»

El alcalde precisa que la ciudad «ni debe ni puede hacer frente a semejante montante económico», lo que han comunicado a la lehendakari de Nafarroa, Uxue Barkos, «la cual ha tomado sobrada conciencia del asunto», ha precisado.

El Ayuntamiento ha adelantado que presentará un recurso contencioso administrativo ya que considera que «los convenios y anexos firmados son ilegales y que los terrenos eran rústicos en el momento de las firmas de los anexos, mientras que en los documentos se valoran como urbanizables».

También remitirá el expediente del caso al Consejo de Nafarroa para pedirle «que haga una revisión de oficio y valore el declarar nulos de pleno derecho» los acuerdos firmados por las anteriores alcaldesas.