@MartxeloDiaz
IRUÑEA

Barkos subraya que las ayudas a investigación de víctimas policiales no van contra la suspensión del TC

La lehendakari Uxue Barkos ha destacado que las ayudas para realizar investigaciones sobre víctimas de violencia policial no van en contra de la suspensión de la Ley aprobada por el Parlamento navarro que fue suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional. Ana Beltrán (PP) ha acusado al Gobierno de «prevaricación» por estas ayudas.

La consejera Ana Ollo, junto a Uxue Barkos, en una imagen de archivo. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)
La consejera Ana Ollo, junto a Uxue Barkos, en una imagen de archivo. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)

Barkos ha comparecido en el Parlamento a instancias del PP, que considera que la aprobación de unas ayudas para que centros universitarios de la UPNA y la UPV-EHU investiguen aspectos relacionados con las víctimas de violencia policial supone un incumplimiento de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional contra la Ley navarra que abordaba esta problemática.

La lehendakari ha rechazado categóricamente esta acusación, destacando que las ayudas a los centros universitarios (30.000 euros) se enmarcan en los apartados de la Ley que no fueron expresamente suspendidos por el TC y que, por tanto, tienen un amparo legal. Junto a ello, ha subrayado que existe un mandato parlamentario a favor de estas ayudas mediante una partida aprobada por la Cámara mediante una enmienda al Presupuesto.

Barkos ha defendido la necesidad de que todas las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación y ha subrayado que las víctimas de violencia policial y grupos de extrema derecha han sido olvidadas. En la vía de lograr esa reparación, Barkos ha destacado que se necesita conocer la verdad y que son necesarias las investigaciones, por lo que ha defendido las ayudas a la investigación.

A Ana Beltrán (PP) no le han servido estas explicaciones y ha destacado que «para quien tenga dos dedos claros, es meridiamente claro que no cumple la suspensión del TC», por lo que ha reclamado el cese de la consejera Ana Ollo, que es quien firma la resolución. «Esta es una de las peores cosas que ha hecho este gobierno, que está destrozando Navarra, porque se han saltado la Ley», ha añadido.

Javier Esparza (UPN) ha ido por la misma línea, llegando a señalar que leer la orden foral «me produce asco porque se ha comprado el lenguaje histórico de ETA». Siguiendo por ese camino, Esparza ha proclamado que «se está con ETA, con los asesinos y con los que les defienden o se está con las víctimas de ETA y este gobierno ya ha decidido. Ha homenajeado a etarras muertos en enfrentamientos con la Policía, en nuevo guiño a ETA, a EH Bildu y a Sortu». Asimismo, ha ubicado la orden foral en «la estrategia de blanquear a ETA».

Ninguno de los demás grupos parlamentarios ha comprado las tesis de UPN y PP.

Koldo Martínez (Geroa Bai) ha destacado que todas las victimas tienen derecho a verdad, justicia y reparación y ha acusado al PP de «no abordar el pasado cuando no le interesa» y a UPN de olvidar a las víctimas del franquismo, provocando el enfado de los parlamentarios de esta formación. Junto a ello, ha destacado que solo los países totalitarios impiden que se investigue la memoria histórica, a lo que Beltrán ha respondido que en este caso quien lo prohíbe es el Tribunal Constitucional.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha recordado que en Nafarroa hay víctimas que han sido olvidadas y a las que se les debe verdad, justicia y reparación. Además, ha señlalado que si el PP hubiera detectado que el Gobierno navarro ha incurrido en prevaricación, habría acudido a los tribunales y no habría venido al Parlamento. Asimismo, ha recorodado al PP que no estuvo en la comparecencia de SF78 Gogoan de esta misma semana. 

Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) ha denunciado que existe un negacionismo que ampara la impunidad y ha lamentado que UPN y PP no quieren investigar lo sucedido con las víctimas de violencia policial.

María Chivite (PSN) ha valorado positivamente que se investiguen los casos de violencia policial y ha rechazado que esto suponga mezclar estas víctimas con las de ETA. 

José Miguel Nuin (I-E) ha dicho que la ley recurrida buscaba reparación para unas víctimas «reales, que existen» y ha lamentado que el Estado no haya realizado esta labor. Ha recordado que la ley suspendida parcialmente por el TC fue iniciativa de su grupo y ha destacado que aunque esta norma no existiera sería completamente legítimo investigar los casos de víctimas de violencia policial,