Lamela entiende que se está investigando a los miembros de «una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario».

Añade que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles», por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, «sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».

Este es el sentido del informe que la juez remitió ayer al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación a la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso independentista de Catalunya.

La juez entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

«Marco legislativo inconstitucional»

Lamela describe «los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado».

«Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del ‘proceso de desconexión’, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas», prosigue.

ANC y Omnium, según Lamela, «actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern». Además «resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban».

Fondos públicos

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.

Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. «La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común».

La postura de Lamela es contraria a la de la Fiscalía, que considera que la investigación al Govern, a los Mossos y a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, debe permanecer en la Audiencia Nacional.