De esta forma se ha pronunciado, tras la sesión de Gobierno al ser cuestionada al respecto en una rueda de prensa en la que ha querido dejar claro que ha sido su departamento el que ha tomado esa decisión, tras constatar con sus asesores jurídicos y los letrados que se podía proceder de esa manera.

Asimismo ha remarcado que fue ella la que trasladó la decisión a la mesa sectorial, después de habérselo comunicado por teléfono a los representantes de la asamblea de maestros interinos porque así se había comprometido a hacerlo.

Solana, quien ha subrayado que llevaban tiempo trabajando en esta cuestión, ha asegurado que no estaban dispuestos a que se perdieran las 73 plazas que estaba en el aire, procedentes de una OPE de 2015 que «no se pudo llevar a oposición porque se hizo mal por parte del anterior gobierno».

Ahora han constatado que se puede aprobar antes del 16 de abril de 2018, la fecha en la que caducaría su vigencia, y celebrar el examen en junio de 2019, ya que en ninguna norma han encontrado que haya un plazo máximo para fijar esos exámenes.

Ha reconocido que es una medida «peculiar pero perfectamente legal», que está «justificada» por distintos motivos como la complejidad de convocar oposiciones a la par de dos cuerpos distintos y el hecho de no ir armonizados con el resto de territorios.

Solana ha opinado que es «la solución mejor para todos, para la administración, los interesados y el interés general de no perder esas 73 plazas».

Por otra parte, ante las críticas de opacidad en torno a la lista única, ha manifestado que no saben «exactamente qué parte no se entiende», ya que, a su juicio, se ha planteado «todo lo necesario».

Ante las críticas a esta medida ha insistido en que nadie adquirirá una plaza que no le corresponda «por el hecho de tener euskera» si ocupa «una posición más retrasada en la lista de aprobados».