El acto, convocado por el Instituto Navarro para la Igualdad, ha tenido lugar ante la fachada de Carlos III del Palacio de Nafarroa. En él han estado presentes la presidenta, Uxue Barkos; los vicepresidentes Manuel Ayerdi y Mikel Araunburu; las consejeras María Solana, Isabel Elizalde, Ana Ollo y los consejeros Fernando Domínguez y Miguel Laparra; la presidenta del INAI, Merche Leranoz; la delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa, Joaquín Galvez; el fiscal general de Nafarroa, José Antonio Sánche;, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Pablo Azcona; el defensor del pueblo de Nafarroa, Javier Eneriz, junto con los parlamentarios de UPN Sergio Sayas, Ana San Martin, parlamentarios de Geroa Bai Unai Hualde, parlamentarios del PSN Maria Chivite y Guzman Garmendia, de EH-Bildu Mayorga Ramírez, Adolfo Araiz y Bakartxo Ruiz.

Además, coincidiendo con esta fecha, el Gobierno de Nafarroa ha aprobado una declaración institucional en la que «con motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas como ‘Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres’, el Gobierno de Navarra quiere mostrar una vez más su firme repulsa a todas las manifestaciones de la violencia de género, como son la violencia en la pareja o expareja, las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, el feminicidio, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, el matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado, la mutilación genital femenina, así como cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres».

Añade que «todas estas manifestaciones de las violencias contra las mujeres constituyen una vulneración de los Derechos humanos fundamentales, basadas en la desigualdad y discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida que tienen como consecuencia para todas las víctimas y personas allegadas, daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica que suponen un impacto social y económico de gran calado».

Además señala que «la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres exige compromisos y actuaciones que supongan garantizar una atención integral, multidisciplinar, sistemática y sostenida, y que tenga como eje central una intervención coordinada que permita el establecimiento de procedimientos homogéneos de actuación por parte de los Poderes Públicos».