El presidente de Catalunya Acció, Santiago Espot, está acusado de injurias a la Corona y ultraje a los símbolos del Estado, delitos por los que se sentará en el banquillo del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional y por los que la Fiscalía pide que se le imponga una multa de 14.400 euros.

El fiscal le responsabiliza de actuar «en ejecución de un plan preconcebido y planificado por él mismo con el deliberado y firme propósito de ofender y menospreciar al Jefe del Estado español y al himno nacional, por lo que ambos representan como símbolos para los sentimientos colectivos identificados con la nación española».

Catalunya Acció fue una de las organizaciones independentistas que repartieron 10.000 silbatos entre los asistentes a la final de Copa entre el Barça y el Athletic en el Camp Nou para la pitada al himno español.

Según el escrito del fiscal, Espot publicó el 28 de mayo de 2015 en el perfil de Facebook de Catalunya Acció un manifiesto titulado: ‘Por la pitada al himno español y al rey Felipe de Borbón’, en el que emplazó a todos los catalanes asistentes al partido a producir «una sonora pitada».

El escrito de la acusación pública recoge que el día de la final se produjo «una masiva y colectiva pitada» que hizo «inaudible» el himno, mientras se retransmitía este acto «nacional e internacionalmente, consiguiendo así el acusado la materialización del plan ideado».

Los hechos «fueron presenciados públicamente por millones de personas, y generaron un sentimiento de indignación en gran parte de la población española en cuanto fueron despreciados y rechazados símbolos representativos de su dignidad como pueblo y como nación».

A finales de julio, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tras decretar dos veces el archivo de esta causa, dictó auto de apertura de juicio oral por estos hechos al entender que las actuaciones investigadas «ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad criminal».

El pasado 14 de noviembre, Espot compareció a petición de la Fiscalía como investigado ante Andreu y se acogió a su derecho a no declarar, alegando que se trata de una «causa politizada» y que se estaba vulnerando su derecho a la libertad de expresión.