El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha hecho una valoración muy positiva de estos datos y subrayado el esfuerzo que se lleva a cabo para la integración laboral de personas con especiales dificultades y de mujeres.

Y es que este sistema de ayudas fue aprobado en 2016 y quedó fijado entre los 2.000 y los 3.500 euros dependiendo del colectivo en el que se inscribe la persona solicitante: menores 30 años, larga duración, víctima de violencia de género o discapacidad, entre otros.

A lo largo de 2017, según los datos facilitados por el Ejecutivo navarro, se han atendido las solicitudes de 556 mujeres, de 115 menores de 30 años, 95 personas de más de 45 años y de 19 perceptores de renta garantizada, entre otros grupos sociales.

También han sido beneficiarios por el sistema de ayudas 12 personas con discapacidad y tres mujeres víctimas de violencia machista, mientras que en 217 casos el perceptor de la ayuda no pertenecía a ningún colectivo específico.

Entre las modificaciones introducidas en la convocatoria figura la reducción del plazo de presentación de solicitudes de tres meses a uno, y además no se exigía una inversión sino darse de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, facilitando la constitución como trabajador autónomo.

Respecto a años anteriores, también se ha eliminado la obligatoriedad de figurar tres meses ininterrumpidos en la lista de desempleo ya que ahora solo se exige figurar como persona desempleada a la fecha del inicio de la actividad.

También se ha reducido la obligación del mantenimiento de la actividad, de tres años a 18 meses, y las ayudas son compatibles con otras que se reciban para la misma finalidad.

El Servicio Navarro de Empleo ofrece también ayudas a la formación de personas ocupadas dirigidas al colectivo de autónomos, con una dotación presupuestaria de 300.000 euros.