Siguiendo su tradición política, Suiza celebrará el próximo 5 de junio un nuevo referéndum en el que esta vez se preguntará a la ciudadanía sobre cinco cuestiones. Dos están relacionadas con cambios en la ley federal de asilo y en la ley de reproducción asistida, y otras tres son iniciativas populares: una sobre el servicio público, otra sobre la financiación justa del transporte y por último, una tercera iniciativa popular para establecer una renta básica para todas las personas que vivan en Suiza.

Esta última petición comenzó su andadura hace ya cuatro años, en abril de 2012. Aunque el primer año consiguió 70.000 firmas, fue a partir de ese momento cuando la campaña tomó impulso y en los seis meses siguientes casi consiguieron doblar la cantidad de apoyos del año anterior, llegando a recabar la firma de 130.000 personas, cantidad suficiente para que la propuesta fuera llevada a votación popular.

La campaña informativa que los promotores desarrollaron para la recogida de firmas incluyó acciones llamativas, como la descarga de un camión lleno de ocho millones de monedas frente al Palacio Federal en Berna durante un debate celebrado en la Cámara Baja en octubre de 2013. Tanto entonces, como posteriormente, en diciembre de 2015 en la Cámara Alta, el pronunciamiento de los legisladores fue contrario a la iniciativa y se plasmó en una moción que pedía a la gente que votara en contra. A pesar de los acuerdos del poder legislativo contrarios a la iniciativa, esta se votará en referéndum dentro de dos semanas.

La propuesta que se llevará a votación no define la cantidad que se pagará a cada persona, sino que propone añadir a la Constitución un nuevo artículo que estipule que el Gobierno federal implementará una renta básica incondicional cuya cantidad sea suficiente alta para que la gente pueda vivir con dignidad. Los promotores de la idea proponen que esta renta sea de unos 2.500 francos suizos –unos 2.250 euros– por adulto y 625 euros por cada menor.

La iniciativa planteada en Suiza no es nueva. De hecho, existe una asociación internacional que aboga por su implantación en todos los países del mundo. Desde el punto de vista práctico existen algunas experiencias, aunque estrictamente hablando, en ningún lugar se ha establecido una renta universal para la población de un determinado territorio lo suficientemente amplio para que cupieran personas con diferente grado de ingresos o patrimonio. En cualquier caso, las experiencias han dejado algunas conclusiones para profundizar en la cuestión.

Impuesto sobre la renta negativo. Los principales inspiradores de esta idea han sido economistas liberales. Uno de los más destacados fue Milton Friedman, economista liberal y acérrimo defensor del libre mercado. Cuenta entre sus «méritos» –además de haber recibido el premio Nobel de Economía– con el de haber sido asesor económico de Pinochet en Chile. Su visión radical de la sociedad no contemplaba la existencia de ningún impuesto, lo que, por deducción, pone en cuestión la mera existencia del estado. En cualquier caso, Friedman era consciente de que su planteamiento no era políticamente defendible y como mal menor propuso el sistema que se conoce como impuesto sobre la renta negativo, que funcionaría como una renta básica.

A grandes rasgos la idea consiste en establecer un umbral de ingresos o cantidad de dinero por persona o por familia que permita vivir con dignidad, por ejemplo 20.000 euros al año. Por debajo de esa cantidad, la persona recibiría una subvención que resultaría de aplicar una tasa –por ejemplo, del 50%– a la cantidad que faltara hasta completar el umbral establecido. Es decir, si alguien gana, por ejemplo 16.000 euros, necesitaría 4.000 para llegar a los 20.000 euros definidos como cantidad mínima. A esa cantidad, 4.000 euros, se le aplicaría la tasa del 50%, lo que daría una cantidad de 2.000 euros que sería la que recibiría la persona en cuestión, con lo que sus ingresos finales serían de 18.000 euros. Los defensores de este sistema consideran que, al no completarse los ingresos hasta el umbral establecido, se incentiva a la persona beneficiaria a que continúe buscando trabajo o trate de mejorar el que ya tiene.

Por el otro lado, aquellas personas que ganaran por encima del umbral fijado pagarían un impuesto que se calcularía de la misma manera. Si alguien ha ganado por ejemplo 28.000 euros, por los 8.000 que superan el umbral de 20.000 euros pagaría el 50% en impuestos, es decir 4.000, con lo que sus ingresos después de pagar impuestos serían de 24.000 euros. El que cobrara 20.000 euros exactos ni pagaría ni cobraría nada.

¿Por qué un tipo único? Sencillamente porque facilita los cálculos. Si se pretende que este sistema se pueda aplicar mensualmente –las personas en situación de necesidad no pueden esperar todo un año a cobrar las ayudas–, el cálculo del impuesto a pagar o la subvención a recibir sería muy complejo con una escala con tramos y diferentes tipos en cada tramo –como la que se utiliza habitualmente en el impuesto de la renta–. El tipo único propuesto por estos economistas facilita el cálculo, pero tiene otros efectos en la progresividad del sistema fiscal.

Aspectos positivos y negativos de la idea. Los defensores de este sistema valoran positivamente varias cuestiones. Por un lado, consideran que con un sistema de estas características se eliminarían todos los programas del gobierno para la asistencia social: subsidios de desempleo, ayudas para comedores, etc. Lo que se traduciría básicamente en una reducción del esfuerzo administrativo y del costo que la gestión de todos esos programas supone, así como la desaparición de los perversos incentivos que surgen como consecuencia de la superposición de diversos programas de ayudas que provocan que la gente se esfuerce más por cumplir las condiciones para recibir la ayuda que por mejorar su situación.

Por otra parte, con un sistema de este tipo una persona podría trabajar, cobrar un sueldo bajo y también recibir ayudas, por lo que no tendría ningún aliciente para intentar mejorar su trabajo o buscar otro con mayor salario. Estaría atrapado en lo que algunas personas llaman «trampa de la pobreza», una situación que no incentiva a mejorar la situación personal por el riesgo que supone perder las ayudas, argumentan los detractores de la idea.

Siguiendo con los razonamientos deductivos que tanto gustan a los economistas, un impuesto negativo no condiciona el mercado de puestos de trabajo de bajos salarios –ya que se puede trabajar y, al mismo tiempo, cobrar ayudas–, mientras que el establecimiento de un salario mínimo hace que trabajos con bajos salarios queden sin cubrir, los trabajadores vayan al paro o trabajen en negro, argumentan los defensores de la renta básica.

Primeras experiencias. Sea de todo ello lo que fuere, lo cierto es que algunos países han introducido recientemente los créditos fiscales reembolsables –una suerte de impuesto sobre la renta negativo– que permiten pagar dinero al contribuyente, incluso cuando no ha habido retención previa. Es el caso del crédito fiscal al trabajo de Gran Bretaña y el crédito por ingreso de EEUU. Las primeras experiencias con impuestos negativos, como los propuestos por Milton Friedman, se llevaron a cabo en Estados Unidos entre 1968 y 1982. No fueron experiencias extendidas a toda la población, sino que participaron personas que ya recibían ayudas sociales, que fueron sustituidas por un nuevo ingreso. Este aspecto limita la validez de las conclusiones obtenidas al circunscribirse a un determinado grupo social.

El primero de ellos fue el de Nueva Jersey, llamado Experimento para el Mantenimiento de Ingresos. Participaron 1.357 familias formadas por parejas de bajos ingresos de zonas urbanas en declive de Trenton, Passaic, Paterson y Jersey City (Nueva Jersey). Posteriormente se incorporó la localidad de Scranton (Pensilvania), para aumentar el número de familias blancas. El proyecto se desarrolló entre 1968-1972. El experimento de Sostenimiento del Ingreso Rural tuvo lugar durante los años 1969 y 1973 en las zonas rurales de Iowa y Carolina del Norte. En conjunto, participaron 809 familias de bajos ingresos. La tercera prueba tuvo lugar entre los años 1971 y 1974 en Gary (Indiana). En él participaron 1.780 familias negras, el 59% de las cuales estaban encabezadas por una mujer sola.

El mayor experimento se desarrolló entre 1971 y 1982 en Seattle y Denver. En el mismo participaron 4.800 familias, fue más generoso que los anteriores experimentos y para una cuarta parte de los participantes se alargó de tres a cinco años.

Uno de los pocos estudios publicados sobre estas experiencias es de la vicepresidenta senior y directora de investigación de la Reserva Federal de Boston, Alicia Haydock Munnell, quien concluye que los experimentos «provocan una moderada pero manejable reducción de la actividad laboral, tiene un efecto que no es estadísticamente relevante en relación con la estabilidad de las familias con hijos, y básicamente no modifican sensiblemente las decisiones de consumo e inversión de los receptores.»

La principal crítica que se hace a estos sistemas de ayudas es que no estimulan la búsqueda de empleo, al recibir un salario garantizado igual a la prestación por desempleo. El estudio de Alicia H. Munnell recoge que, si bien es cierto que hay un abandono del trabajo, de un 7% en el caso de los hombres y del 17% en el caso de las mujeres, no es tan grave como muchos detractores del sistema preveían, aunque posiblemente mayor al esperado por sus defensores. La mayor reducción se produjo en Seattle y Denver, allí donde el ingreso fue mayor.

India: mejoras en equidad. En países del tercer mundo, donde la pobreza es mucho más aguda y el grado de sofisticación de la asistencia social mucho menor, se han puesto en marcha algunos proyectos interesantes. Uno de ellos en el estado de Madhya Pradesh en el pueblo de Panthbadodiya, a 30 km al sur de Indore, en el corazón de la India. Una zona con altos niveles de malnutrición y una población mayoritariamente tribal. La mayoría étnica es la tribu Bhil.

En 2011, financiada por Unicef y con la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA) como entidad coordinadora, se puso en marcha un proyecto que consistía en facilitar a cada persona que viviera en ocho aldeas de la región un pago de 200 rupias por adulto y 100 por cada menor, que se pagaba a cada madre o tutor del menor. Posteriormente las cantidades crecieron hasta 300 y 150. Otras aldeas de la región se utilizaron como guías para realizar comparaciones.

Los pagos se realizaron sin imponer ninguna condición a los receptores, una de las cuestiones que consideraban cruciales los impulsores del proyecto. Sarta Delata, coordinadora de SEWA, comenta al respecto que «la idea de un ingreso incondicional viene de los defectos de los programas condicionales. En tanto en cuanto hay condiciones, hay corrosión. Condicionalidad significa intermediarios, lo que significa poder, lo que significa corrupción». En el mismo sentido, los impulsores también consideraban clave que se permitiera a los receptores organizarse autónomamente. Para ellos más importante que la universalidad es la incondicionalidad de la renta básica.

Los estudios muestran que el dinero recibido se utilizó para mejorar las viviendas y para tomar precauciones contra la malaria. La nutrición también mejoró tanto en las castas como en las aldeas tribales con aumentos en el peso por edad de los niños y niñas. El dinero líquido permitió pasar de las raciones subsidiadas a una alimentación con mayor variedad de frutos y productos frescos. Todo ello se tradujo en unos mejores resultados académicos. Los cambios en los hábitos alimentarios muestran que las ayudas monetarias suelen ser más eficientes que, por ejemplo, los programas de subsidios de alimentos que restringen la capacidad de actuación autónoma de la gente.

Sarta Dewala explica que la creencia de que se utilizaría el dinero para beber o comprar joyas es «un perjuicio de la clase media, que cree que la gente pobre no sabe usar el dinero con sentido común». El estudio muestra que un ingreso regular permite a la gente «actuar responsablemente. Conocen sus prioridades».

Otro de los aspectos a subrayar es que también ofrece buenos resultados en equidad, puesto que se beneficia más a los grupos en desventaja por razón de su casta, a las mujeres o a aquellas personas con discapacidad, quienes, al obtener su propio dinero, mejoran su posición negociadora dentro de la familia.

El dinero se suele emplear en pequeñas inversiones, de modo que aumenta el trabajo autónomo en detrimento del trabajo asalariado. Un efecto inesperado fue la reducción de las servidumbres propias de los sistemas de castas, así como una merma de las deudas y una menor tendencia a pedir créditos a corto plazo, por los que suelen cobrar importantes intereses que suelen llegar hasta un 5% mensual. De hecho el único grupo que se quejó fueron los prestamistas locales. La experiencia reveló una mejora importante en las condiciones de vida de los partícipes y especialmente de los grupos sociales más vulnerables.

Namibia: efectos en el rendimiento académico. Una experiencia similar a la de la India se desarrolló entre enero de 2008 y diciembre de 2009 en Namibia, impulsada por la llamada coalición BIG (Basic Income Grant) o grupo por la concesión de una renta básica en la comunidad Otjivero-Omitara. Compuesta por alrededor de 1.000 personas, esta comunidad está situada a 100 km al este de la capital del Namibia Windhoek. El objetivo era probar en la práctica que la idea de renta básica funcionaba y tenía los efectos esperados. Cada habitante recibiría 100 dólares de Namibia mensuales, que se financiaron con la aportación de personas individuales y de las iglesias luteranas y evangélicas.

La comunidad elegida se caracterizaba por el hambre, el desempleo y la pobreza. La mayoría de sus habitantes vivían allí porque no tenían ningún sitio mejor a dónde ir. A la introducción del BIG, la comunidad respondió organizando un comité de 18 miembros para aconsejar a los residentes cómo gastar el dinero de manera sabia. Es común en Africa compartir con la familia aquello que se posee, por lo que inmediatamente aumentó la emigración hacia esa comunidad, aunque los nuevos residentes no recibían la ayuda. El resultado fue que cayó el ingreso per capita. A pesar de ello, la pobreza se redujo a la mitad y en aquellas familias que no recibieron emigrantes, todavía más.

Los efectos fueron muy similares a los experimentados por la comunidad india del ejemplo anterior. Se redujo la malnutrición de los niños drásticamente. Los indicadores escolares mejoraron de manera radical, tanto la asistencia como la caída de la ratio de abandono escolar hasta prácticamente el 0%. Creció la actividad económica, tanto el trabajo asalariado como el autónomo, en sectores como la fabricación de ladrillos, la elaboración de pan o vestidos, etc., lo que contribuyó al desarrollo de un mercado local y al aumento del poder adquisitivo. El dinero sirvió asimismo para reducir la dependencia de las mujeres de los hombres.

El alcoholismo no aumentó durante la experiencia, aunque todavía sigue siendo un grave problema en la comunidad. Como dato curioso que explica la dinámica comunitaria surgida durante la prueba, los impulsores subrayan que la comunidad acordó con los dueños de los shebeen (locales de venta de alcohol sin licencia) que los días de cobro no se vendiera alcohol, acuerdo que, por otra parte, fue respetado.

Utrecht: escapar de la trampa de la pobreza. Volviendo a nuestro entorno, los últimos meses se ha escrito mucho sobre los treinta ayuntamientos holandeses que van a poner en práctica la idea de la renta básica. Entre ellos está el consistorio de Utrecht, la cuarta ciudad más poblada de Holanda. El experimento está dirigido a personas que ya reciben beneficios sociales, en particular aquellos que se benefician del sistema nacional de renta básica, que es condicional –la cantidad que se recibe está en función de los recursos de los que se disponga–. Se tiene en cuenta además el número de personas que viven en la misma vivienda.

El experimento busca que la asistencia social esté menos condicionada a los requerimientos de trabajo y permita escapar de la trampa de la pobreza, autorizando a las personas a ganar un dinero extra por encima de la ayuda social. En cualquier caso, está basado en la unidad familiar, tiene en cuenta los ingresos y, por tanto, no es universal; en definitiva, es parecido a las experiencias de los años 70 de impuesto negativo de EEUU. Así lo reconoce Sjir Hoeijmakers, uno de los impulsores: «Estos experimentos no son exactamente una renta básica, pero van en la buena dirección». La principal ventaja es que no se necesita mucho dinero, debido a que las personas a las que llega ya reciben ayudas sociales.

Está planeado poner en marcha el proyecto a lo largo de este año con cinco grupos, de los cuales solo a uno se le retirará la ayuda si obtiene ingresos extras. El sexto grupo, que continuará en el actual sistema, actuará como colectivo de control. Cada grupo tendrá 50 miembros y recibirán entre 900 y 1.300 euros.

Como reconocen los propios impulsores, se está usando la retórica de la renta básica pero, en realidad, está bastante alejado de un modelo de renta básica universal.

Alaska: el ejemplo más parecido. Un caso aparte es el del Fondo Permanente Alaska que se creó constitucionalmente en este Estado norteamericano en 1976, mediante una enmienda a la sección 15 del artículo 9 de la Constitución de Alaska. Fue diseñado para que se invirtiera el 25% de los ingresos del petróleo, que se destinarían a generaciones futuras. El fondo no incluye ni los impuestos sobre la propiedad de las compañías petrolíferas, ni los impuestos sobre los beneficios, con lo que el 25% es, en realidad, el 11%. Su creación no estuvo exenta de polémica, puesto que parte de la población prefería crear un banco de desarrollo para financiar proyectos públicos.

El fondo ha crecido desde los 734.000 dólares en 1977 hasta los 53.081 millones de dólares que valía el 26 de abril de 2016. El fondo permanente paga un dividendo a todas las personas que hayan vivido en el Estado durante un año completo, empezando desde el 1 de enero, y tengan intención de mantener su residencia en Alaska en el futuro. Si alguien, por ejemplo, llega el 2 de enero cobrará el dividendo el año siguiente. Además, se excluye a las personas condenadas por algún delito. La cantidad se calcula sobre la base del rendimiento del fondo durante los últimos cinco años, para amortiguar en cierta medida los vaivenes de la bolsa.

El dividendo más bajo se pagó en 1984 y fueron 331,29 dólares y el más alto se abonó en 2015, y fueron 2.072 dólares. En un principio se planteó una cantidad que dependía de los años de residencia en el territorio, pero fue rechazada por los tribunales en razón al carácter discriminatorio de la fórmula.

Un efecto matemático del pago de un dividendo igual a todos los habitantes es que contribuye en un mayor porcentaje a completar los ingresos de las personas más pobres. Cualquier otra fórmula que implique límites o topes supondrá una pérdida para ellas. Tiene un importante efecto en la economía de Alaska, especialmente en áreas rurales, donde el desempleo puede rondar el 60% de la población y el dinero en metálico escasea.

La retirada de dinero del fondo por parte del Gobierno está regulada y necesita del apoyo de 3/4 partes de cada una de las Cámaras. El elevado número de votos favorables necesario tiene un efecto perverso, puesto que los grupos más pequeños hacen valer su poder para bloquear la retirada de dinero, que luego compensan en el proyecto de ley que se aprueba a final de año y que irónicamente llaman «ley árbol de Navidad», por ser donde cuelgan todas sus reclamaciones los grupos políticos más pequeños.

Cuando en 1999 los precios del petróleo rondaban los 9 dólares, el Gobierno planteó una consulta para que el propio Ejecutivo pudiera gastar parte de los bienes ahorrados para propósitos públicos. Cerca del 84% de la población votó en contra, aunque el Gobierno hizo campaña a favor del sí. El programa del dividendo es tan fuerte que tienen asegurada la continuidad, ya que cualquier medida que impacta negativamente en el dividendo se percibe como una pérdida para toda la población.

Este programa de dividendo de Alaska es quizás lo más parecido a una renta universal, aunque cuantitativamente no se aproxime a una renta mínima. Desde el punto de vista de la financiación, no es un sistema para redistribuir la riqueza sino que se limita a repartir los beneficios de la explotación de sus recursos naturales.