Miroslava Breach Velducea
en memoria de miroslava breach

Destierra el «narco» a centenares de familias de la Sierra de Chihuahua

Por este reportaje, publicado en agosto de 2016 en el diario mexicano “La Jornada”, la periodista Miroslava Breach recibió amenazas anónimas. Fue uno de sus trabajos más reconocidos sobre la llamada «narcopolítica», y en este caso denunciaba el desplazamiento de comunidades campesinas, obligadas a plantar amapola para los carteles. En marzo pasado Miroslava Breach recibió ocho balazos y pasó a engrosar la dolorosa y amplia lista de periodistas asesinados en México por contar la verdad sobre la corrupción.

Centenares de familias desplazadas de las comunidades y pueblos serranos de Chihuahua (nota de redacción: en las montañas de la sierra Tarahumara está uno de los corredores de droga más importantes del norte mexicano. Están en el estado de Chihuahua, una de cuyas urbes más pobladas es Ciudad Juárez, con alto nivel de feminicidio) han perdido sus casas, ganado y tierras, a manos de narcotraficantes que con amenazas de muerte les impiden regresar. La historia es la misma en las comunidades de La Lobera, Milpillas, El Huicochi, Las Chinacas, en el municipio de Chínipas; El Manzano, en Urique; Ocoyachi y Jicamorachi, en Uruachi; Bocoyvo, en Batopilas; El Durazno, en Guadalupe y Calvo: grupos de sicarios irrumpen, ordenan a los pobladores dejar sus viviendas y propiedades; luego se asientan en la zona para sembrar amapola, de la que obtienen goma de opio, base de la heroína, cuya demanda desplazó el cultivo de marihuana en la región.

En los tres años recientes se incrementó la presión sobre los habitantes de la serranía. Los cabecillas de grupos criminales en la región han aniquilado familias completas en su ambición por el control de la producción y compraventa de las drogas. Los asesinatos vinculados al crimen organizado habían repuntado en los municipios serranos, pero desde abril pasado hubo un incremento en las principales urbes del estado, donde se había tenido una disminución de homicidios en el pasado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge González Nicolás, reconoció la tendencia al alza en las cifras de crímenes y la atribuyó a una disputa entre bandas que se libra en calles de las ciudades de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral, donde los narcomenudistas se disputan el mercado de drogas sintéticas como el crystal, que es de reciente ingreso al mercado local. En las zonas urbanas las víctimas de las disputas entre grupos de narcotraficantes se cuentan con facilidad, mientras los medios de comunicación hacen que la estadística oficial sea más realista, pero aun así no existe una cuenta exacta de las personas asesinadas en los pueblos de la sierra. El terror hace que las familias callen y se resignen a enterrar a sus muertos.

 

No se atienden llamadas de alerta. En marzo pasado, un grupo de senadores de PRI (Partido Revolucionario Institucional, primera fuerza actualmente en México y al que pertenece el presidente Enrique Peña Nieto), PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática, de izquierdas) pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto ante la escalada de violencia en la sierra de Chihuahua, con base en informes del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia. Ese organismo ya apuntaba que en el primer trimestre de 2016 la entidad tenía una tasa anual de homicidios de 24,7 por cada 100.000 habitantes, y en los municipios serranos el índice aumentaba exponencialmente más de ciento por ciento, principalmente en Guachohi y Guadalupe y Calvo.

Por esos días, la Caravana por la Justicia en la sierra Tarahumara (nota: la integran autoridades indígenas y líderes comunitarios) viajó a la Ciudad de México, donde se entrevistó con el grupo de senadores que ha seguido sus demandas, y denunció el desplazamiento de familias en las comunidades y el despojo de sus tierras para dedicarlas al cultivo de amapola. De ahí derivó la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo por parte de la senadora chihuahuense Silvia Martínez Elizondo, para hacer un exhorto a Peña Nieto, para que se tomaran acciones y atender los problemas de seguridad y violencia que viven los habitantes de la sierra Tarahumara. Los meses pasaron y no hay respuesta.

Hace dos semanas llegó de nuevo una advertencia del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, que detectó una tendencia al alza en el número de homicidios de abril hasta la fecha. Los datos fueron presentados por Sergio Ochoa Muñoz, coordinador de la comisión de indicadores de la mesa de seguridad. De acuerdo con la FGE (Fiscalía General del Estado), mientras la tendencia en el número de homicidios dolosos era decreciente en las zonas urbanas, en los pasados cuatro años, en los municipios de la sierra tenían un comportamiento inverso. En 12 de los 22 municipios serranos se cometieron 1.442 asesinatos en el periodo 2005-2010; la cifra aumentó a 1.770 de 2011 a 2015.

Chínipas, botón de muestra. El asesinato de familias completas y el desplazamiento forzado que ocurre en Chínipas, ubicado en la parte baja de la sierra Tarahumara –en los límites con Sonora y Sinaloa–, es un botón de muestra de la situación general que priva en la sierra. Desde finales de 2012, la banda delictiva Los Salazares, comandada actualmente por Crispín Salazar Zamorano, emprendió una limpia de presuntos enemigos en la región que tiene bajo su control, desde los pueblos de San Rafael, Bachichivo, Guazaparez, Temoris, la cabecera municipal de Chínipas y los poblados de Milpillas, La Lobera, Las Chinacas y El Huicochi, en la zona limítrofe con Álamos, Sonora.

Moisés Velderrían Chávez y seis de sus hijos fueron asesinados por presuntos sicarios de Crispín, después de que su sobrino Alfredo Salazar Ramírez y su hermano Adán Salazar Zamorano fueron aprehendidos en el último año del gobierno del ex presidente Felipe Calderón. Solo tres hijas de Moisés sobrevivieron a la venganza del capo.

El año pasado, presuntamente sicarios a su mando expulsaron a las familias de los poblados limítrofes con Sonora e iniciaron una cacería contra quienes señalan como enemigos. En La Lobera, de donde fueron expulsados unos cien habitantes, los hombres de Crispín Salazar saquearon y destruyeron la mayoría de las casas; uno de los sobrinos del narco se instaló en la única casa que dejaron en pie. Las tierras, las huertas de manzana y el ganado de la gente cambiaron de propietario.

El Huicochi, un páramo. Lo mismo sucedió en El Huicochi (municipio de Chínipas, a 1.988 metros de altitud). El año pasado un grupo de pistoleros llegó al cacerío de unas cuarenta familias y ordenó el desalojo; desde entonces la comunidad está desolada. En la presente temporada de lluvias las tierras están sembradas con drogas y el ganado sirve de alimento a los sicarios que patrullan los caminos. Las dos localidades más grandes, Milpillas y Las Chinacas, donde vivían poco más de 1.500 personas, se han vaciado a la mitad. Solo regresaron quienes aceptaron las nuevas condiciones impuestas por la banda de Los Salazares.

Abandonados a su suerte, los habitantes de la serranía han optado por emigrar a las ciudades; cuanto más alejados de Chihuahua, es mejor, dicen algunos. Los desplazados se mantienen en contacto mediante las redes sociales y convocan a las familias para viajar en grupo a la Ciudad de México. No pretenden hacer denuncias ni manifestaciones, buscan congregarse para acudir a la Basílica de Guadalupe a pedir protección a la Virgen y que les permita regresar a sus pueblos, sus casas y sus tierras.

Esperan un milagro divino de la Guadalupana, dicen, porque hasta ahora las autoridades gubernamentales los tienen olvidados, mientras los cabecillas del narcotráfico permanecen intocables e impunes.

 

 

 

El azote de la «narcopolítica»

por Amaia Ereñaga

 

Jueves 23 de marzo, 7:06 de la mañana, Chihuahua. Mientras espera en su coche a su hijo para llevarlo a la escuela, la periodista Miroslava Breach recibe ocho disparos de un desconocido, que deja una nota en el lugar de los hechos: «Esto te pasó por ‘lenguona’, por estar cerca del gobernador. Ahora sigues tú, Javier. Firma: El 80». Diez días después de su muerte, el veterano “El Norte de Ciudad Juárez”, con el que Breach colaboraba, anuncia el cierre de su edición impresa, debido a la falta de seguridad de sus redactores. Casi un mes después del atentado, que ha provocado protestas de la prensa y malestar en la opinión pública, el gobernador Javier Corral anuncia que han sido identificados los autores materiales e intelectuales de la muerte de Breach.
La noticia no es muy habitual en un país donde suelen quedar impunes los ataques a trabajadores de medios de comunicación –solo en marzo han matado a tres periodistas, no en vano México es el tercer país más peligroso del mundo para la prensa detrás de Siria y Afganistán– o a militantes de movimientos indígenas como el líder rarámuri Isidro Baldenegro López, galardonado en 2005 por la Fundación Goldman por su lucha en defensa del territorio indígena y los bosques. De hecho, “La Jornada” relaciona la muerte de su corresponsal con la escalada criminal registrada en Chihuahua y en la que se enmarca la muerte de Baldenegro en enero pasado.
Nacida en Chínipas, pueblo ubicado en el corazón de la sierra Tarahumara, Miroslava Breach estudió ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Allí inició su carrera periodística y en 1995 regresó a su estado natal, donde trabajó para varios diarios y dos años más tarde comenzó a ejercer la corresponsalía de “La Jornada”. Conocida por su periodismo crítico y profundo, a lo largo de varias décadas documentó la fusión entre la política y el narco, lo que se vino a llamar la «narcopolítica», denunciando con nombres y apellidos los vínculos de los partidos y empresarios con el crimen organizado.
Ella investigó y denunció el enriquecimiento ilícito del ex gobernador César Duarte (PRI), posteriormente detenido en Guatemala, y dejó al descubierto algunas redes criminales de narcotraficantes y políticos, tanto del PRI como del PAN. Recientemente informó, por ejemplo, sobre la imposición por parte del crimen organizado de candidatos a concejales y alcaldes en las listas para las últimas elecciones de los dos principales partidos mexicanos en los municipios de la sierra Tarahumara. En aquellas informaciones la periodista señalaba explícitamente al narcotraficante Arturo Quintana, «el 80», amigo de Duarte, y a quien el actual gobernador Javier Corral (PAN) prometió expulsar cuando asumió el poder en junio del año pasado. Aunque se produjeron varias detenciones de altos cargos de la administración del estado, Duarte consiguió huir del país. Mirolsava Breach tampoco se calló en aquella ocasión •