La venta a domicilio es una práctica extendida y no está prohibida, ya que se trata de una actividad perfectamente regulada. La ley la define «como aquella en la que la oferta se produce fuera del domicilio del vendedor, ya sea en domicilios privados, lugares de reunión, centros de trabajo y similares». A las ofertas ya habituales, que suelen ser las de libros, pequeños electrodomésticos, productos cosméticos o de limpieza, se han ido apuntando al carro de la compra productos de los llamados “milagro”, entre los que destacan mantas, colchones y diversa aparatología, como tensiómetros, relajantes musculares y un largo etcétera.

Este tipo de venta presenta una serie de riesgos para el consumidor; el principal es que se enfrenta a un modo de comerciar con técnicas instantáneas «de las de aquí te pillo y me firmas ya». De esta manera, el cliente apenas tiene tiempo para leer el contrato, ni para la reflexión o la consulta.

Al tratarse de una forma de venta muy peculiar –y con posibles riesgos para el comprador– existe una protección especial con una normativa que establece aspectos muy interesantes que se deben conocer.

La normativa recoge que, aunque se haya firmado el contrato, el comprador tiene la posibilidad de cambiar de opinión sin alegar causa alguna. El plazo que se establece es de siete días desde la recepción de la mercancía. Además, la empresa tiene la obligación de informar de este derecho al consumidor y debe hacerlo constar en el contrato, justo encima del lugar destinado a la firma del comprador. Para ello deberá acompañar al contrato un documento de revocación o desistimiento.

Es recomendable no dar ningún dinero como señal de compra, así como datos personales (bancarios, etc) hasta no comprobar la veracidad de los documentos que le aporta el comercial (razón social, CIF, domicilio). El tema de garantías del producto y servicio post-venta debe quedar meridianamente claro.

A modo de corolario, cabe recomendar que no firmar ningún documento en la primera visita puede resultarle de gran ayuda.