La reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como «Ley Mordaza» y el «pacto antiterrorista» firmado por PP y PSOE ya han sido oficialmente aprobadas y todas ellas estarán en vigor a partir del 1 de julio. Aunque cada una de las patas del paquete securócrata de la formación que lidera Mariano Rajoy se ha tramitado en períodos diferentes de la legislatura, todas ellas recibieron el aval en la misma jornada, lo que pone todavía más de manifiesto su interrelación. Como era de esperar, el PP se quedó solo (con el habitual acompañamiento de UPN) y tuvo que recurrir al rodillo para sacar adelante las tres propuestas de ley. Únicamente el acuerdo bautizado como «antiyihadista» recibió también los votos del PSOE, que tuvo que recurrir al malabarismo dialéctico para denunciar la cadena perpetua cuando se debatía el Código Penal y posteriormente aprobar una propuesta de ley, la «antiterrorista», que incluye esta pena, pese a que en la actualidad la normativa prevé 40 años de cumplimiento íntegro.

«España será más segura y, por tanto, más libre», proclamaba el portavoz del PP, Conrado Escobar, en su defensa de la Ley Mordaza. Frente a él, un sinfín de argumentos sobre lo «represivo» o «totalitario» del nuevo reglamento. Al tratarse de un debate ya repetido, los razonamientos no eran nuevos. Sin embargo, seguir la discusión permitió observar hasta qué punto cada una de las leyes están interrelacionadas. Por ejemplo: algunas faltas se han eliminado para convertirse en hechos castigados por la vía administrativa, como determinados modelos de protesta. Esto implicará que la policía podrá castigar con multas astronómicas sin control judicial. No obstante, la amplia definición de «terrorismo» aprobada por PP y PSOE permite que, por ejemplo, un detenido en unos incidentes pudiese ser también calificado como «terrorista» por «ir contra la paz pública y el orden constitucional». Aunque ayer se tramitaron de forma separada, cada una de las normas forma parte de un todo que limita las libertades de los ciudadanos al protestar.

La extensión de un modelo

Entre las conductas que ahora serán más duramente perseguidas están la paralización de desahucios, las protestas ante instituciones, la grabación de imágenes de policías o la difusión de mensajes que la autoridad considere que «incitan a la violencia». Por eso, todos los grupos de la oposición cuestionaron un paquete de medidas «ideológico». Además, se comprometieron a llevar el Código Penal ante el Tribunal Constitucional y a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana en el momento en el que cambien las mayorías en el Congreso.

«El Gobierno ha decidido extender al Estado las políticas represivas que han aplicado en Euskal Herria», denunció Xabier Mikel Errekondo. Aunque también hay elementos que afectarán especialmente a la ciudadanía vasca. Por ejemplo, la disposición añadida por UPN y que veta el ejercicio de la docencia a aquellos que hayan sido condenados por «delitos de terrorismo». También, la ampliación de la pena máxima por «enaltecimiento» hasta los 3 años, lo que da a los jueces las herramientas para disparar las condenas por, por ejemplo, exhibir la fotografía de un preso.

Ocho agentes declaran por una «devolución en caliente»

El mismo día en el que el Congreso español daba un barniz legal a las denominadas «devoluciones en caliente», ocho guardias civiles declararon ante el juzgado de Melilla por la agresión y posterior expulsión de un subsahariano ocurrida el 15 de octubre de 2014. La imputación llegó después que la asociación Prodein captase cómo los agentes bajaban a golpes a una persona, identificada como Danny, camerunés de 23 años, y lo dejaban inconsciente en el suelo. Posteriormente, fue arrastrado hasta el otro lado de la valla, donde fue recogido por las Fuerzas Auxiliares marroquíes. Ayer los guardias civiles, que se negaron a contestar al abogado de la acusación, aseguraron que emplearon la violencia contra el migrante porque les «estaba atacando», algo que queda completamente desementido por las imágenes. Ante la pregunta sobre por qué lo llevaron en volandas, argumentaron que estaba «fingiendo». Pese a ello, Jorge Fernández Díaz denunció en el Congreso que 25 guardias civiles están imputados por su actuación en la valla de Ceuta y Melilla. A. PRADILLA