En los últimos meses se han multiplicado los anuncios de créditos rápidos. Basta con encender el televisor o abrir algunos periódicos para ser tentado con un préstamo inmediato. «¿Quieres dinero rápido?», «Hasta 3.000 euros sin dar explicaciones». Los spots, diseñados para presentar a un ciudadano feliz y libre de cargas económicas gracias a la compra de un producto financiero, esconden una oscura realidad, marcada por unos intereses abusivos que pueden acarrear graves consecuencias.

La trampa comienza con la TAE, que, tal como reveló Adicae en un estudio publicado el pasado mes de noviembre, puede llegar al 3.753%. En la web Zaimo.es, por ejemplo, la TAE de los prestamos a tres meses oscila entre el 494% y el 2.230%. Así, en un préstamo medio de 500 euros a tres meses, con una calificación de riesgo media, las comisiones son de 315 euros y la TAE de 885%. Y las cosas se complican cuando el prestatario no puede pagar, ya que, en algunos casos, los interés de demora superan el 10%.

Estas condiciones pueden empeorar en función del prestamista. En Cashper.es la TAE es del 3.752% y la penalización por pago atrasado es del 20% del importe no abonado, además de lo pendiente. Asimismo, el deudor tiene que pagar una comisión de 20 euros por cada recordatorio. Algo similar ocurre en Tucréditomásrápido.com, que establece una penalización por impago del 20% sobre el capital pendiente y un coste de 15 euros por cada SMS recordatorio. Y, si en el plazo de 45 días no se salda la deuda, el caso pasa una empresa de recobro.

«En este tipo de prestamos hay dos peligros, los intereses abusivos que te van a cobrar, esos que figuran en la letra pequeña, y los intereses de demora que aplican por no devolver el dinero a tiempo. Son intereses altísimos, que pueden disparar el coste de un crédito de 1.000 euros, porque las penalizaciones se van acumulando», explica a GARA José Luis Segura, miembro de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca (EKA), una federación sin ánimo de lucro a la que acuden muchas personas que se encuentran en una situación desesperada.

Reconoce que, en muchos casos, las personas que piden ayuda «no se han leído la letra pequeña», bien porque no han querido o porque carecen de conocimientos financieros. «Hay que leer todo muy bien, porque se trata de una cosa muy seria. Estás pidiendo un dinero y te estás comprometiendo a devolverlo en 20 días o un mes con un interés alto, y si no lo devuelves vas a tener problemas. Nuestro consejo es no firmar nada sin haber entendido el contrato», añade.

Alberto Lázcoz, de la asociación de consumidores Irache, comparte la misma opinión. «La letra pequeña es complicada de entender, pero es fundamental que la gente la lea, ya que antes de contratar un crédito de este tipo es mejor asesorarse bien. Yo al menos no cogería ningún cerdito sin asesoramiento, porque si lo firmas te estas comprometiendo a pagar, y no es ninguna tontería. Te comprometes a devolver una cantidad y, si no lo haces, pueden ir contra tu patrimonio», advierte.

Una compleja vía legal

Hace tan solo dos semanas, los medios se hicieron eco de la historia de un joven que puede perder la vivienda en la que reside su abuela por el impago de un crédito de 19.000 euros. «Nosotros no hemos visto ningún caso de este tipo», afirma Segura antes de recordar que «depende de la cantidad, las personas que solicitan el préstamo tienen que poner avales. Y si no pagas el prestamista te puede llevar a juicio, y si el juez considera que él tiene razón puedes perder lo que pongas como aval».

El caso de este joven está marcado por el engaño del que fueron víctimas él y su abuela, que recibieron 19.000 euros pese a firmar un crédito de 37.000. Este tipo de estafas generan un gran impacto en la opinión pública, pero no suelen prosperar en la vía penal, ya que los contratos están blindados por la presencia de notarios y un sinfín de cláusulas financieras. Además, la Ley 2/2009, aprobada para defender a los consumidores, tiene agujeros por los que se cuela algún que otro usurero.

La creación de un registro estatal de empresas relacionadas con la venta de productos financieros tampoco ha servido para acabar con los abusos. Para poder entrar en este registro las sociedades mercantiles deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de su actividad; presentar una memoria explicativa de la actividad que pretendan desarrollar; una copia compulsada de la póliza del seguro de responsabilidad civil; y el folleto informativo sobre precios de los servicios, sobre las tarifas de las comisiones, y sobre tipos de interés máximos y los intereses por demora.

«Las empresas de crédito tienen que cumplir estas condiciones para poder operar, pero en Internet hay miles de empresas dedicadas a los préstamos rápidos, y la inmensa mayoría no esta registradas», lamenta Segura, que alerta de la existencia de particulares que actúan de forma «mafiosa» en la red. En algunos portales, como Milanuncios.com, abundan reclamos publicitarios en los que se ofrecen «prestamos rápidos sin aval». «Puede obtener dinero urgente, créditos a partir de 3.000 euros. Puede conseguir dinero rápido gracias al capital privado y todas nuestras operaciones se firman ante un notario», reza uno de estos anuncios, en los que no figura letra pequeña.

La falta de información sobre la TAE u otras condiciones financieras contradice lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 2899/2011, sobre trasparencia y protección de los cientes de servicios bancarios, que establece que la información debe ser «clara, objetiva y no engañosa». Pero las empresas de créditos rápidos esconden estos datos para no espantar a sus posibles clientes, que, tal como detalla José Luis Segura, son personas de entre 35 y 50 años que «han pasado por situaciones muy difíciles, que tienen que afrontar el pago de una deuda y no tienen dinero, y se meten en algo tan arriesgado como esto».

 

Recomendaciones de kontsumobide a la ciudadanía

Kontsumobide recomienda analizar «exhaustivamente» la publicidad de las entidades financieras y «no solo fijarse en reclamos publicitarios» antes de contratar un crédito. Asimismo, recuerda que no se debe firmar nada que no se entienda. «Los contratos de los productos de banca e inversión presentan una particular complejidad. Por ello, es muy importante saber en todo momento lo que se está firmando, en previsión de un posible conflicto; será muy difícil que una reclamación se resuelva a favor de la persona consumidora si esta ha dado su consentimiento», detalla el Instituto Vasco de Consumo, que aconseja pedir siempre el folleto informativo y tomarse un tiempo para analizar las características de la oferta y comprobar que se adapta a las necesidades y expectativas propias. Para evitar ser víctima de un fraude financiero, también recomienda asegurarse de que el intermediario está inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en el Banco de España, y de que este ha recibido autorización para poder prestar este tipo de servicios.I.S.