Las empresas cada vez aportan menos a las arcas públicas. Así lo recogen las estadísticas tributarias de la OCDE que constatan que el peso de los impuestos pagados por las empresas ha descendido del 3,6% al 2,8% del PIB en los últimos siete años; ocho décimas de caída, mientras la aportación por impuestos sobre la renta crece una décima, hasta el 8,9% del PIB, y el IVA tres décimas del PIB, del 6,5% al 6,8%. Una tendencia que se volvió políticamente inaceptable durante la crisis económica y, sobre todo, posteriormente, a consecuencia de la aplicación de las drásticas políticas de recortes sociales.

La OCDE, a petición del G20, realizó un estudio sobre los mecanismos que utilizan las empresas para ocultar beneficios. El proyecto se denomina “Erosión de Bases Imponibles y Traslado de Beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). El primer análisis lo presentó en 2013 y en octubre de este año entregó las conclusiones al G20, para que fueran tratadas en la reunión de Turquía. La propuesta del organismo internacional recoge 15 acciones, que se deberán implementar para detener la pérdida de recaudación, y recoge desde cuestiones concretas –como limitar la deducibilidad de los pagos financieros o revisar los precios de transferencia– hasta otras a desarrollar en el ámbito internacional, como evitar la utilización abusiva de convenios, etc.

Las acciones propuestas han sido muy criticadas por las ONG. A su entender, en vez de eliminar las vías de elusión la OCDE trata de atemperar su uso, eliminando los aspectos más discutibles. La Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) ha elaborado un estudio en el que compara la legislación fiscal de 15 países de la Unión Europea y las acciones propuestas. Califica la propuesta de la OCDE, aceptada por la UE en todos sus términos, como un intento de «reformar el actual sistema para poder salvarlo».

El marco propuesto no impide el traslado de beneficios a las sedes centrales de las grandes multinacionales, que generalmente se encuentran en los países más desarrollados. Lo poco que tributan, lo pagan precisamente en estos países. Mientras que a la inversión extranjera o la ayuda al desarrollo se le da una importancia grande, se olvida que también se contribuye al desarrollo de los países en vías de desarrollo de una forma más transparente y directa simplemente pagando los impuestos que corresponden por los beneficios obtenidos en los mismos.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) ha calculado que los países en vías de desarrollo pierden entre 70.000 y 120.000 millones de dólares al año en ingresos fiscales. Otro informe publicado en mayo de 2015 del FMI ha calculado que las pérdidas de ingresos por BEPS, esto es, la ocultación y el traslado de beneficios, son un 30% mayores en los países en vías de desarrollo que en los países de la OCDE.

 El papel de la Unión Europea

Los países de la Unión Europea están a la cabeza en innovación fiscal para que las multinacionales eludan sus obligaciones fiscales. Pese a que se han realizado cambios para cerrar algunas vías de elusión, el sistema formado por las sociedades pantalla, los tratados o convenios internacionales, el sistema de tax ruling o las consultas previas de tributación se mantiene en su conjunto. Tampoco han modificado el decidido compromiso político de seguir con la «competencia fiscal» entre gobiernos para atraer multinacionales, que conduce a que caiga todavía más la recaudación por este concepto. El informe recuerda que son precisamente las empresas domésticas, que crean riqueza y empleo local, las que no pueden beneficiarse de este sistema, siendo su tipo 3,5 puntos mayor que el de las multinacionales.

La falta de transparencia y la exigencia de realizar intercambios recíprocos de información a países sin capacidad para ello frenan una acción eficaz. La UE, especialmente Reino Unido y Estado francés, continúa bloqueando la participación de estos países en los ámbitos de decisión. En ciertos temas y países la actitud mejora: en Dinamarca y Eslovenia es pública la información sobre la propiedad de las empresas; también empeora: es el caso del Estado español, el negociador de convenios con terceros países más agresivo. Los países en vías de desarrollo que participan en la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo han decidido que la lucha por una fiscalidad global democrática será su prioridad.

 

Letterbox, sociedades pantalla

Son sociedades instrumentales que utilizan las matrices de las multinacionales para realizar inversiones en el extranjero con el fin de aprovechar las ventajas fiscales y eludir impuestos. En el Estado español se conocen como Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros. Un informe de UNCTAD alerta de que la atención se dirige hacia los paraísos fiscales; sin embargo, la importancia de estas compañías instrumentales es todavía mayor, especialmente en Europa. Entre las compañías domiciliadas en Luxemburgo –desde donde se realizan el 54% de las inversiones que salen de Europa– y Holanda controlan una cuarta parte del stock de inversión directa en el mundo. Dentro de Europa, la proporción de inversión realizada con estos instrumentos alcanza casi la tercera parte del total, mientras que en el resto del mundo apenas llega a la quinta parte y en las economías en desarrollo a la décima parte.I. E.

 

Transparencia informes país a país

La sociedad civil exige que las multinacionales estén obligadas a presentar informes de sus actividades país por país para poder perseguir el fraude. Esta petición es una realidad para el sector bancario de Europa. Pero la OCDE insiste en definir una facturación mínima (750 millones de dólares), lo que dejaría sin obligación al 85-90% del total de corporaciones. Siguiendo el criterio de la OCDE, 1.053 multinacionales tendrían que presentar informe en Europa, mientras que con el criterio aprobado en el Parlamento Europeo, basado en las directivas europeas, serían el triple (3.396). Aún más absurdo resulta el criterio para los países en vías de desarrollo, ya que las compañías que operan en ellos difícilmente alcanzan esos volúmenes. En Sierra Leona, por ejemplo, dos multinacionales (Sierra Rutile y London Mining), que contabilizan el 3% del PIB del país, facturan 93 y 226 millones respectivamente.I. E.

 

Patent Box: mucha innovación fiscal y poco I+D+i

Es un incentivo fiscal que da un tratamiento preferencial a los ingresos provenientes de la propiedad intelectual. Dichos ingresos casi no pagan impuestos, lo que ofrece un amplio espectro de posibilidades para diseñar planificaciones fiscales agresivas al permitir asignar a las patentes beneficios que en realidad son de la actividad económica. Resulta una figura especialmente onerosa para los países en vías de desarrollo, puesto que las multinacionales los usan como plataformas manufactureras, pero no generan ni beneficios ni recaudación. Esta figura en teoría debería estimular el esfuerzo investigador, pero los datos recopilados por la UE muestran que incentiva a las multinacionales a mover la localización de sus patentes, sin el correspondiente aumento de personal investigador o desplazamiento de las actividades científicas. La Comisión Europea concluye que los resultados «sugieren que los efectos de patent box son fundamentalmente de naturaleza fiscal». La OCDE aboga por reformar esta figura, cuando lo pertinente sería su eliminación. I. E.

 

Tratados fiscales limitar retenciones

Los tratados bilaterales buscan evitar o mitigar el efecto de la doble imposición sobre los contribuyentes. No obstante, tal y como alertaba un informe de la ONU de este mismo año, se han convertido «en muchos casos en una doble no tributación». Los países de la OCDE intentan con estos tratados limitar las retenciones en el origen de la ganancia, de manera que las multinacionales pueden repatriar casi todo el beneficio. Sin embargo, para los países con escasas posibilidades de obtener ingresos tributarios la retención en la fuente de las rentas mejora su capacidad recaudatoria de un modo simple y efectivo. Para firmar estos tratados, los países de la OCDE obligan a las economías en desarrollo a renunciar a parte de sus derechos, evitando que las inversiones extranjeras tributen en origen. El modelo de convenio propuesto por la ONU, por el contrario, garantiza más derechos para los países en vías de desarrollo. En este campo, el Estado español es el país de Europa que mayores rebajas ha logrado. I. E.