Las aportaciones financieras subordinadas (AFS) de Fagor y Eroski constituyen un producto financiero que se comercializó entre los años 2002 y 2007 y que fue adquirido por un total de 40.000 personas, el 90% de ellos jubilados de entre 65 y 85 años que invirtieron los ahorros de toda su vida.

Las contrataron en su oficina bancaria y confiaban en la persona que se las vendió. En la mayoría de los casos, no se les informó de que se trataba de «valores subordinados», lo que implica que el tenedor, en caso de liquidación de la sociedad, «cobra el último», y que eran perpetuos hasta su venta en el mercado secundario o su amortización por parte de las empresas emisoras. Muchos de ellos pensaban incluso que estaban contratando un depósito fijo.

Mientras duró su comercialización, tuvieron mucho éxito y, en total, se colocaron aportaciones por un valor conjunto de 845 millones de euros –660 millones de Eroski y 185 millones de Fagor–, cantidades que fueron destinadas a solventar las necesidades financieras de ambas cooperativas, embarcadas en costosos proyectos de expansión.

Durante unos años, los ahorradores cobraron puntualmente sus comisiones y no tuvieron problemas a la hora de recuperar el capital. Pero en el año 2012, comenzaron los problemas cuando comprobaron que Fagor Electrodomésticos dejó de abonar los intereses o que no podían reembolsar el capital.

Coincidiendo con este hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicó a los titulares que el valor de las AFS, que hasta entonces se negociaban en el mercado de renta fija AIAF, estaba inflado y que por ello pasaban a negociarse en la plataforma SEND, donde perdieron el 50% de su valor.

Es entonces cuando decidieron emprender la vía judicial, «la única posibilidad que nos quedaba, ya que los bancos se han negado en todo momento a negociar», según denuncian los afectados.

Salvo un intento de denuncia colectiva, impulsada por la asociación de usuarios Adicae, el resto han sido denuncias individuales, y todas ellas han obtenido el respaldo de los jueces, que han condenado a las entidades bancarias a devolver a los afectados el capital invertido (menos los intereses percibidos), al considerar que estos productos financieros no están dirigidos a este tipo de clientes, a quienes no se informó correctamente de sus peligros.

El respaldo judicial se extiende también a los herederos de los titulares, en caso de que el afectado haya fallecido, tal y como ha decretado una reciente sentencia de la Audiencia de Gipuzkoa, que condenaba al Banco de Santander a devolver 90.000 euros a la viuda e hijas de un titular de subordinadas.

Alargar el proceso

Pero el calvario judicial no acaba con la sentencia favorable. Según denuncia la asociación Kaltetuak, «aunque hayamos ganado los juicios, los bancos recurren y llevan el caso hasta el Tribunal Supremo, lo que puede alargar el proceso en otros dos años. Y pese a que este alto tribunal nos dé la razón, los bancos, que están asesorados por los mejores bufetes de abogados del Estado, siguen sin pagar, por lo que nos hemos visto obligados incluso a solicitar el embargo de la entidad para poder recuperar ese dinero», advierte.

En cualquier caso, solo se ha logrado llevar a la vía judicial alrededor del 10% de los casos, ya que la mayor parte de afectados, muchos de ellos de avanzada edad, no se han atrevido a emprender esta vía por los trastornos que les pudiera ocasionar y han dado por perdido su dinero o se conforman con el canje propuesto por Eroski.

La vía de las demandas judiciales que se ha extendido durante los últimos tres años, sin embargo, toca a su fin. Según explica la asociación Kaltetuak, el Tribunal Supremo ha establecido un plazo de cuatro años –desde que estalló el caso en 2012– para poder presentar las denuncias, por lo que calculan que en verano de 2016 se cerrará esta vía. Tras ello, ya no habrá forma de reclamar judicialmente el dinero.

Kaltetuak: «Las subordinadas son todavía un tema tabú»

Los afectados vascos por las AFS de Eroski y Fagor están agrupados en la asociación Kaltetuak, que reúne a cerca de 2.000 personas en Gipuzkoa, Nafarroa y Araba, mientras en Bizkaia están asociados en torno a Minduak. El portavoz de Kaltetuak, José María Amundarain, piensa que este «es un tema tabú» en Euskal Herria porque, a su juicio, «detrás de estos productos están los grandes grupos corporativos vascos y las principales entidades financieras del país».

En este sentido, lamenta la actitud mostrada por «todos» los partidos políticos, ya que «ninguno ha querido saber nada con nosotros», pese a que el colectivo de afectados, recalca, no está formado por «especuladores», sino que son pequeños ahorradores, en su mayor parte jubilados. «Desde luego, si hubiéramos sabido lo que implicaba, no lo hubiéramos contratado, pero lo que ocurre es que mucha gente mayor confiaba plenamente en el director de su sucursal», afirma.

Según sus cálculos, la media de capital invertido por cada afectado asciende a unos 20.000 euros, «un dinero con el que contaban para complementar sus pensiones, para pagar su asistencia geriátrica o para comprarse una silla de ruedas, y del que ahora ya no pueden disponer».

Según explica el representante de Kaltetuak, todos los bancos con presencia en Euskal Herria, salvo Bankoa, comercializaron las AFS. «Nos dijeron que era un producto seguro, que se podía reembolsar en dos días y que tenía un buen interés, cuando en realidad era un producto de alto riesgo».

En cuanto a la labor desarrollada por Kontsumobide, asegura que «no ha hecho nada», ya que «se ha alineado siempre con los bancos». Y en cuanto a la propuesta de canje efectuada por Eroski –que contempla el pago del 15% en efectivo–, Amundarain no duda en calificarlo de «limosna», ya que supone una quita del 30%. J.S.