Miles de kurdos se agolpan en la principal mezquita del barrio de Zap para despedir a Ali Öduk y Halil Can, dos miembros de las milicias urbanas kurdas YDG-H. Todos esperan sus féretros mientras claman venganza. Un hombre, ajeno al bullicio que le rodea, coloca una maleta en el interior de su coche. Regresa varias veces para meter bolsas de plástico. Más tarde sus manos agarran a una mujer y a una niña. Parecen ser una familia que huye. «Nos abandonan», decía en setiembre un ciudadano de Silopi, una de las urbes de Kurdistán Norte cercadas por el Estado turco. Parecía un caso aislado, nada que recordase a los desplazados kurdos de los años 90, pero tres meses más tarde, la coalcaldesa de Nusaybin, Sara Kaya, apuntaba a GARA que «el objetivo del Estado es vaciar Nusaybin con el miedo». Lo que parecía un excepción ya no era tal: las organizaciones humanitarias reflejaron a mediados de diciembre que decenas de miles de kurdos se habían convertido en desplazados. Algunos de un barrio conflictivo a otro en el que la violencia no llame a sus puertas a diario. Otros simplemente se resignaron a cambiar de ciudad.

Según la pro-kurda Asociación de Derecho Humanos (IHD), más de un millón de personas se han visto afectadas por los toques de queda que el Estado turco comenzó a imponer en agosto, poco después de que se rompiese el proceso de paz con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). El cerco ha desembocado en la segunda mayor migración interna desde los años 90, un dato más para reflejar la insostenible situación de las ciudades asediadas: no hay comida entre los escombros; los negocios no pueden retomar la normalidad; los colegios no abren sus aulas; y las muertes de civiles no abandonan su manía por sumar. Además, han aparecido pintadas que amenazan al pueblo kurdo: «Los dientes de los lobos han probado la sangre. Ten temor», decía una de ellas. Es el miedo que indicaba Kaya, y está atrapando al pueblo kurdo que, según los datos del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), ha visto perecer bajo los toques de queda a 197 civiles hasta el pasado 26 de enero. Para el Estado, que cifra en 300 los miembros de las fuerzas de seguridad muertos, en la mayoría de los casos no son civiles sino «terroristas».

El Gobierno ha repetido que no detendrá sus operaciones hasta «limpiar de terroristas» cada rincón de Kurdistán Norte. Ya van seis meses de ofensiva y los civiles kurdos se han dado cuenta de que el conflicto podría alargarse mucho, probablemente hasta donde quiera el reelegido gobierno islamista del Partido Justicia y Desarrollo (AKP). «Los toques de queda en las regiones de Diyarbakir, Mardin y Sirnak han durado más de un mes. En algunos distritos como Cizre, Silopi y Sur aún continúan. Esto ha creado miles de desplazados porque no se puede vivir bajo esas condiciones. Nadie sabe con precisión cuántos hay, pero se estima que entre 150.000 y 200.000 kurdos han dejado sus casas», explica Ahmet Faruk Ünsal, presidente de la ONG Mazlumder, una de las pocas que monitoriza los sucesos en Kurdistán Norte.

En los años 90, miles de kurdos abandonaron sus aldeas por la política de tierra quemada dirigida por el Estado, que trataba de evitar la connivencia pueblo-PKK eliminando aldeas y torturando a sus habitantes. La mayor parte se desplazó a las urbes que hoy son testigo de la revuelta popular.

Un cuarto de siglo después, la irrupción del YDG-H ha supuesto un cambio en la estrategia del PKK: la guerra ha llegado a las urbes. Ünsal destaca que los militantes no quieren que la gente abandone la actual lucha: «Se han esforzado mucho por esta forma de rebelión en las ciudades, pero algunos civiles no aguantan más. Si todos abandonasen las zonas de conflicto, el PKK tendría un serio problema porque todo sería más fácil para el Estado. Pero hay que dejar claro que el PKK no pone trabas a los civiles que quieren irse».

El pasado día 18, una nueva medida del Estado puso de manifiesto su intención de vaciar las ciudades: el gobernador de Silopi anunció que el toque de queda se levantará cada día durante 13 horas. Como reitera Ünsal, el Gobierno persigue despejar los distritos de civiles para así realizar una ofensiva más agresiva contra los militantes. El resultado, como aventura, serán nuevos desplazados:«Esperamos que salgan más ciudadanos y se queden los que apoyan la lucha. El problema es que, si la situación se dilata en el tiempo, la lucha se irá de una ciudad a otra. Por lo tanto, los toques de queda no son la solución porque el Estado solo estaría cambiando el problema de lugar».

Cuestionable legalidad

Tras la ruptura del proceso de paz, el Estado turco dirigió su primera ofensiva hacia las montañas Qandil. Bombardeaba sin descanso a los militantes. Poco a poco, el YDG-H se erigió como la autoridad evidente en diferentes barrios de las urbes kurdas: zanjaron las calles, crearon barricadas y evitaron que la Policía entrase en sus dominios. Esto se tradujo en las autonomías democráticas, una violación de la integridad territorial turca. En ciudades como Silopi, este despliegue ocupaba cerca del 30% del espacio urbano. La situación, si bien era tensa, no tenía nada que ver con lo que acontecería después de las elecciones del pasado 1 de noviembre: el Gobierno incrementó el cerco y mandó a los militares a deshacer los obstáculos plantados por los jóvenes militantes. Para ello, implantó toques de queda prolongados: en el distrito de Sur –en Diyarbakir– los civiles llevan desde el 2 de diciembre aferrándose a los trapos blancos para poder salir a la calle; en Cizre y Silopi, desde el 14 de diciembre.

Este cerco, una nueva expresión en la represión del Estado, podría no tener una base legal sólida. IHD destacó en su informe que solo bajo el estado de emergencia o la ley marcial se podrían declarar los toques de queda. Ninguno de estos supuestos se han producido y han sido los gobernadores regionales quienes, en virtud de la polémica Ley de Seguridad que el AKP aprobó en el Parlamento el año pasado, han autorizado los toques de queda. Además, la intervención de los militares en las operaciones también podría chocar con la Carta Magna turca. Según recalcó al diario “Zaman” el ex juez militar y actual profesor de Derecho Penal Umit Kardas, «los militares no pueden actuar en el país si primero no se declara el estado de Emergencia o la Ley Marcial».

Hasta 2013, el artículo 35 del Código Militar autorizaba a los militares a intervenir en los problemas internos para defender la integridad de la República. Tras la enmienda introducida por los islamistas, una de las muchas iniciadas por el AKP para mermar la autonomía militar y evitar la tradición golpista, el Ejército sólo puede actuar ante una amenaza externa. Los kurdos, por más que renieguen, siguen viviendo en la fronteras reconocidas a Turquía.

El HDP y el colectivo de abogados han llevado el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), que hizo tres preguntas al Estado turco: «¿Tienen base legal los toques de queda? ¿Están cubiertas las necesidades básicas de los civiles? ¿Qué medidas se han tomado para proteger el derecho a la vida?». Tras varios intentos fallidos, el TEDH ha instado al Estado turco a respetar el derecho a la vida y a dar asistencia médica después de que varios jóvenes no recibiesen tratamiento médico porque supuestamente las ambulancias no pudieron acceder a los barrios sitiados.

Es la primera reacción del entorno de la UE ante una situación que no ha dejado de deteriorase en el último año. El parlamentario del HDP Hisyar Özsoy se queja de la tibia respuesta de una UE que «se ha rendido a Erdogan por la crisis de refugiados», y advierte de que «si esta guerra sigue tensándose millones de kurdos se pondrían en marcha hacia Europa».

Volver a la mesa de diálogo

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, prometió al pueblo anatolio estabilidad, pero tres meses después de su triunfo electoral el Estado continúa sumido en el caos. Ahmet Faruk Ünsal, comprendiendo la situación del Gobierno frente a las autonomías del YDG-H, pide que se respeten los derechos de los civiles y se vuelva a la mesa negociadora porque la gente lo está perdiendo todo en una espiral de violencia que recuerda a los años 90: «Los desplazados no podrían regresar aunque quisiesen porque sus casas ya no existen. Todo está destruido y el Estado tendrá que reconstruir las ciudades. Lo hará con avenidas más anchas para evitar los futuros movimientos de los militantes kurdos. Pero al final, la solución está en volver a hablar con quien representa a la mayoría del pueblo kurdo, el líder del PKK Abdullah Öcalan, incomunicado desde abril. Todo lo demás será un baño de sangre innecesario en el que cada parte buscará la revancha por sus muertos. Este es un círculo vicioso que ya conocemos».