Un día después de la sanción impuesta por la AVC a ocho empresas, la mayoría de los partidos de la oposición, así como los padres y madres de escolares, coincidieron en apuntar a que el origen de este «monopolio» se encuentra en la falta de control del Departamento de Educación y en el modelo de gestión indirecta de los comedores escolares a través de empresas externas.

En este sentido, EH Bildu acusó al Ejecutivo de Urkullu «de haber posibilitado el fraude» durante años en la prestación del servicio de comedores en los centros públicos. La coalición, que va a pedir que la consejera de Educación, Cristina Uriarte, se pronuncie sobre lo ocurrido en sede parlamentaria, también va a reclamar un cambio en la normativa para hacer posible la gestión directa de los comedores escolares desde los propios colegios porque la actual gestión indirecta «ha fracasado».

Ezker Anitza también exigió a Lakua que recupere la gestión directa para evitar «el sobrecoste» que conlleva la subcontratación de este servicio, lo que para el PP ha significado «una estafa de más de 200 millones». UPyD acusó a los diferentes departamentos de Educación de haber permitido la existencia de un «cártel de comedores», mientras el PSE indicó que «se ha producido un daño para la Administración», por lo que Lakua «debe tomar las medidas que considere adecuadas para defender los intereses públicos».

Por su parte, la Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca, Ehige, adelantó que está analizando la situación por si es susceptible de ser denunciada por esta confederación e indicó que va a estar vigilante para comprobar si el ahorro de siete millones de euros obtenido tras modificar el procedimiento de contratación de estas empresas repercute en el servicio de los comedores.