La lucha entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Estado turco está atrapando de nuevo a la vía política kurda. No es la primera vez, y probablemente no será la última, pero desde que se rompió el proceso de diálogo, la maquinaria estatal ha incrementado el acoso contra el movimiento kurdo: miles de activistas y decenas de alcaldes han sido detenidos; Recep Tayyip Erdogan ha deslizado que levantaría la inmunidad de los políticos del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), y el residual Vatan Partisi ha hecho el trabajo sucio de los islamistas al demandar ante el Tribunal Constitucional la ilegalización del HDP.

Esta atmósfera, bien conocida por los kurdos cuando la tensión aumenta en Anatolia, complica aún más una solución dialogada al actual conflicto, y podría desencadenar una escalada en la ola de violencia si se cortase el único nexo entre kurdos y Estado.

«Erdogan puede hacer lo que quiera porque es quien dicta la ley. Ahora mismo podría matarnos porque está por encima de la ley. Es su decisión, pero si cierra el Parlamento a los kurdos convertirá este país en el infierno», aventura Hisyar Özsoy, diputado del HDP.

«La ilegalización del HDP o el levantamiento de su inmunidad reventarían los argumentos que sostienen que Turquía es una democracia y provocaría un aumento de la violencia. Entonces, el mayor peligro no sería el PKK, sino los kurdos nacionalistas que aún no están controlados por ningún grupo», añade Gareth Jenkins, experto de Silk Road Studies que considera que los escasos incidentes en la parte oeste de Anatolia podrían dejar de ser una excepción: «Si no se hace algo pronto, esta situación se extenderá a otras ciudades como Estambul o Esmirna, y la ilegalización del HDP y los posibles arrestos podrían ser el desencadenante».

La República de Turquía, además de la arraigada tradición militar, ha tenido como costumbre silenciar las voces discordantes con las bases del kemalismo. En 1994, se levantó la inmunidad de los diputados de DEP, uno de los predecesores del HDP, y cuatro de sus miembros cumplieron condenas cercanas a los diez años de prisión por pertenencia a «organización terrorista». En 2009, en el último caso en el que se atacó a la vía política kurda, el DTP fue ilegalizado. Tras ambas acciones, la violencia repuntó en Kurdistán Norte.

Pero la alargada sombra de la ilegalización no es una excepción asociada a los kurdos. Los grupos islamistas que antecedieron al Partido Justicia y Desarrollo (AKP), el Partido de la Virtud y el Partido del Bienestar, también fueron ilegalizados por atentar contra el laicismo del Estado. Por eso, como indica Jenkins, el AKP repite que no persigue dejar fuera de la ley al HDP: «Erdogan es contrario porque el AKP afrontó una causa similar en 2008. Entonces alegaron que ilegalizar un partido era una medida antidemocrática y saben que no pueden decir que sería democrática cuando se refiere al HDP».

El proceso de ilegalización y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria recorrerían dos caminos diferentes, aunque ambos confluirían en manos de un AKP que posee la mayoría parlamentaria y controla la Justicia desde 2014. Aunque los beneficios de estas medidas no colmarían las expectativas de Erdogan, que no podría efectuar su ansiada reforma constitucional incluso cerrando la puerta política a los kurdos.

Para que los diputados pierdan su inmunidad, el Parlamento tendría que pasar la propuesta en una Cámara controlada por el AKP. Sería simple porque con los votos de los islamistas bastaría, aunque el propio HDP ha retado al Gobierno al apoyar el levantamiento de su inmunidad. Si los diputados la perdieran y fueran entrando en prisión, la mayoría parlamentaria del AKP podría superar los 3/5 necesarios para mandar a un referéndum la reforma constitucional. Pero, según subraya Jenkins, se requieren 330 diputados –AKP cuenta con 317– y no solo llegar a los 3/5.

En cambio, para ilegalizar un partido hay que acudir al Tribunal Constitucional. Vatan Partisi ya ha emprendido un proceso legal que depende de la Justicia, controlada por el AKP. Si el HDP fuese ilegalizado, los kurdos volverían a crear un partido. Özsoy se ríe al explicarlo: «Lo han hecho nueve veces y podría ocurrir otra vez más. Los parlamentarios no perderían sus asientos. Sería ridículo porque simplemente crearíamos un nuevo partido y nos uniríamos a él».

La ausencia de un beneficio palpable para el Gobierno sugiera que toda esta nebulosa busca intimidar a los kurdos. Jenkins, quien reconoce que Erdogan se ha convertido en un líder imprevisible, no apostaría por la prohibición del HDP, aunque destaca que «Erdogan está empezando a desesperarse y no actúa de forma racional. Incluso pensando en que tenga miedo a la reacción internacional, y sin querer mandar a los miembros del HDP a la cárcel, no podría asegurarlo, porque existe esa posibilidad».

Demirtas, señalado

En el ojo del huracán que quiere ahogar la vía política kurda está el colíder del HDP, Selahattin Demirtas, quien desquicia al presidente con sus metáforas y perseverancia en el diálogo para solucionar los problemas del Estado. Jenkins explica que «cualquiera que piense diferente a Erdogan es una agente internacional que intenta evitar el ascenso de Turquía. Dentro de esa perspectiva, Demirtas es un obstáculo para sus ambiciones y tiene que ser desplazado».

El líder kurdo colecciona demandas por supuestamente violar la Constitución al hacer «propaganda terrorista». Desde el 1 agosto, ha asegurado que el AKP está preparando el camino para evitar la presencia de su partido en el Parlamento. Aún no ha sucedido, pero no sería descabellada la idea de verle ingresar en la cárcel si perdiera su inmunidad. Su declaración más explosiva se produjo el 27 de diciembre, cuando en el congreso de DTK, la rama social del movimiento kurdo, incitó a aguantar en las calles: «La resistencia terminará con la victoria, y todos respetarán la voluntad de la gente. En estos días, en los que una histórica brecha está emergiendo, nuestra gente decidirá entre una dictadura o la libertad y entre la vida bajo la tiranía de un hombre o la autonomía. Nosotros hemos tomado la decisión. El oeste de Turquía también tiene que unirse a esta decisión. En el próximo siglo Kurdistán será una realidad. Puede que los kurdos tengan su propio Estado, un Estado federal, cantones o regiones autónomas».

Un día más tarde, los fiscales abrieron una causa contra Selahattin Demirtas por su apoyo a las autonomías y todos los partidos turcos criticaron sus palabras. «Esa declaración fue errónea, pero la entiendo por su frustración. Ha sido más crítico con el PKK que ningún otro líder kurdo y ha repetido que tienen que anunciar un cese unilateral de la lucha armada sin esperar a que el Estado suspenda sus operaciones. Incluso ha visitado a los familiares de los soldados asesinados para expresar sus condolencias», recuerda Jenkins.

En las últimas semanas, Demirtas ha censurado los ataques del PKK que han afectado a civiles. En el congreso del HDP, en el que fue reelegido como colíder, reiteró su apuesta por la paz y recordó que las autonomías del HDP no tienen nada que ver con las barricadas de las urbes kurdas. Pero todos estos gestos parecen no contentar al nacionalismo turco, que asocia a Demirtas con el PKK y si no los medios estatales refuerzan esta realidad, como sucedió con la portada del diario progubernamental ‘‘Takvim’’, en la que editaron su foto para cambiar su ropa por la de los militantes de Qandil.

Los juicios del KCK

Si bien la situación para los altos cargos del HDP es preocupante, quienes carecen de la inmunidad parlamentaria o conviven a diario con el cerco del Estado turco ya están sufriendo las consecuencias del conflicto. En los últimos seis meses, miles de activistas y decenas de alcaldes kurdos han sido detenidos por sus supuestos lazos con el PKK. Los alcaldes, en muchos casos apartados de sus funciones, aún continúan con su dirección de facto cuando abandonan las prisiones.

El AKP ha denunciado esta situación y considera que los ayuntamientos de Kurdistán Norte son centros logísticos para los militantes. Ante esta coyuntura, los islamistas han comenzado a tejer una nueva normativa legal que permita al Gobierno colocar a personas afines en las alcaldías en donde hay acusados de colaborar con el «terrorismo», hacer propaganda «terrorista» o atacar la integridad del Estado por apoyar las autonomías democráticas.

«Es obligatorio devolver la vida a la normalidad incluso apoderándonos de los vehículos municipales. Los funcionarios que han apoyado la organización terrorista tienen que ser llevados ante la Justicia», dijo Erdogan el pasado 26 de enero.

Las causas abiertas son muchas, y llegan a todos los estratos kurdos. Por ejemplo, Refik Tekin, periodista del canal IMC que cubría la vida de los habitantes de Cizre bajo los toques de queda, ha sido detenido por sus supuestos lazos con un «grupo terrorista» después de ser herido mientras grababa uno de los vídeos más explícitos sobre la forma en la que actúa el Estado: disparos a discreción, sin discernir entre civiles y militantes.

Pero tal vez el caso más preocupante lo reflejan los juicios del KCK, el órgano que abarca todas las ramas del PKK. En Van, una de las muchas regiones afectadas, los juicios comenzaron en 2012 por apoyar a una «organización terrorista». Los acusados, muchos de ellos antiguos alcaldes, fueron puestos en libertad en 2013, coincidiendo con el proceso de diálogo, y precisamente ahora, con el repunte bélico, los fallos judiciales ven la luz con penas de prisión que varían entre los 7 y 15 años. «Los casos del KCK son coherentes con la actitud de Erdogan durante las conversaciones. Él ha perseguido suprimir y debilitar el nacionalismo kurdo», destaca Jenkins.

En junio, Halil Ibrahim Baran, un conocido y escéptico intelectual pro-Barzani, explicaba que el Estado juega con la esperanza kurda, contrayendo su mano en función de sus intereses. Hoy, el puño islamista parece no tener fisuras con ningún tipo de oposición, y el movimiento kurdo recorre el mismo camino que hace un lustro. Si se retomasen las conversaciones, puede que todos los procesos legales volvieran al congelador. Pero mirando el presente de sus compañeros encarcelados, existirá la tensa certeza de que el Estado podría llamar a su puerta para ajustar las cuentas pendientes.