Los grandes efectos jurídicos y económicos de la decisión estatal de adscribir Gipuzkoako Hondakinen Konsorzioa a la Diputación de Gipuzkoa, revelada por GARA en noviembre tras haber sido ocultada varios meses, empiezan a quedar a la vista. Pese a que ambas entidades, gobernadas ahora por la nueva mayoría de PNV-PSE, intentaron restarle importancia cuando apareció la noticia, todo el plan para construir y explotar la polémica incineradora de Zubieta se ha venido abajo. Pero las instituciones no solo no desisten, sino que aceleran sus propósitos acudiendo a la vía privada.

La asamblea de GHK se reunirá este martes, en sesión extraordinaria y urgente, para poner en marcha el plan B. Dado que la entidad no puede emprender un gasto de tal envergadura sin superar los límites de déficit (un mínimo de 300 millones de euros, que ‘‘El Diario Vasco’’ reconoce como «cifra astronómica»), se acudirá a «la configuración de un modelo mediante el cual se atribuya a la iniciativa privada el diseño, la financiación, la construcción, el mantenimiento y la operación de la planta en virtud de un contrato de concesión de obra pública».

Según avanzó ayer “El Diario Vasco’’, todo se hará a la carrera. De hecho, ya se están redactando los pliegos con la intención de adjudicar la obra este verano y que arranque antes de acabar 2016. En esta reunión extraordinaria del martes se plantea incluso constituir ya la Mesa de Contratación.

Lo más significativo del problema creado es que GHK tendrá que introducir cambios jurídicos, porque no cuenta con competencias para adjudicar esta construcción y explotación. Para pasar de la gestión directa a la indirecta, habrá que modificar sus estatutos, el convenio marco Consorcio-GHK y el reglamento de servicio de gestión de residuos urbanos.

Pese que el interventor que reveló en un informe la nueva situación fue descalificado duramente por el diputado de Medio Ambiente y máximo responsable de GHK, José Ignacio Asensio, cuatro meses después lo que anticipó se confirma. El informe para esta asamblea reconoce que «en la actualidad no es factible la ejecución del CGRG [incineradora] bajo el esquema jurídico-financiero previsto en su día sin incidir en los objetivos de estabilidad presupuestaria, al considerarse ahora GHK unidad institucional pública».

Con todos estos cambios, que sacará adelante con su clara mayoría, PNV y PSE despejarán el camino jurídico, pero el escollo económico seguirá ahí, porque el gasto que conlleva la incineradora es tremendo.

Financiación en entredicho

Así, para este ejercicio apenas se han previsto en los presupuestos de Gipuzkoa seis millones de euros, pero el próximo año la cifra salta a 26 y en 2018 sube hasta 40. En total, el Gobierno de Markel Olano se declara dispuesto a poner 84,4 millones en la legislatura. Habrá que ver de dónde se detrae tal montante.

La situación tampoco es mejor para Gipuzkoako Hondakinen Konsorzioa, que acumula una deuda de entre 40 y 60 millones por el swap que firmó el anterior Gobierno Olano con la evidente intención de hacer irreversible esta incineradora.