E l 30 de enero de 2015 trece personas vinculadas al Estado Islámico (ISIS) habían planeado secuestrar al primer ministro de Malasia, Najib Razak, y a altos cargos de su gobierno. Era el más ambicioso de los ataques planeados por los radicales yihadistas en el país asiático pero, como hasta otros cuatro atentados, fue desbaratado por las fuerzas de seguridad. Hoy, Malasia es un estado policial. La «amenaza terrorista» ha sido utilizada para acallar las acusaciones de corrupción y nepotismo. Las camisas amarillas del movimiento Bersih, impulsado por el opositor Anwar Ibrahim, y las minorías china e india, han tomado las calles del país. Pero los acólitos de Najib han prometido silenciarlos. Aunque para ello hagan explotar el país.

«Los chinos que acudan a Bersih, prepárense para un baño de sangre». Consignas como ésta podían leerse el pasado mes de agosto en las calles del país. Una amenaza con la que Najib trata de amedrentar a sus críticos: las minorías étnicas y su principal adversario político, Anwar Ibrahim, quien permanece en prisión acusado por tercera vez de un delito de sodomía. «El Gobierno está acrecentando la tensión con el objetivo de mantenerla artificialmente alta, lo que usa para justificar la perpetuación de leyes tan estrictas como la Sedition Act, por la que está en prisión Anwar», asegura Sophie Lemiere, politóloga del European University Institute y autora de «Gangsters and Masters: Complicit Militancy in Malaysia».

Durante décadas, las tensiones étnicas en el archipiélago malasio habían quedado amortiguadas tras el despegue industrial que convirtió al país en uno de los más desarrollados de la región. Sin embargo, la ralentización de la economía China, el bajo precio de los hidrocarburos y la acusada depreciación del ringgit, cuyo valor ha caído un 24 % entre enero y setiembre de 2015, han alimentado las críticas a la gestión del primer ministro, involucrado en un presunto escándalo de corrupción revelado por “The Wall Street Journal”, por el que habría ingresado en sus cuentas particulares 700 millones de dólares a través de donaciones anónimas.

Miles de personas, principalmente miembros de las minorías china e india, aunque también muchos malayos, tomaron las calles de las principales ciudades en repetidas manifestaciones. El Gobierno prohibió las marchas de las camisas amarillas por unas elecciones limpias y justas, y a través de medios de comunicación afines consiguió transformar sus protestas en una cuestión étnica: las minorías contra la mayoría malaya. Una peligrosa estrategia que retrotrae la memoria a los enfrentamientos de mayo de 1969 en los que al menos 200 personas perdieron la vida. Hasta el momento, los reyertas se han saldado con al menos 7 heridos.

«Hay discriminación en todos los niveles de la sociedad: en la educación, en el precio de los apartamentos, en los puestos de trabajo, en los contratos con el Gobierno…», asegura el escritor Shaun Tan. Esta mañana en el bar de Ali, ubicado en Pudu, uno de los barrios más multiculturales de la capital, no hay apenas malayos, pero sí decenas de indios y chinos que disfrutan del tradicional roti para desayunar. «Hay una cultura de división. Los malayos no van a Little India o a Chinatown», reconoce Cynthia Gabriel, directora del Center to Combat Corruption & Cronyism.

El alimento de la radicalización

A lo largo de los años las confesiones no suníes han sido marginadas en Malasia: el chiísmo está prohibido y aunque la Constitución reconoce la libertad religiosa para los no musulmanes, estos son a menudo discriminados. El discurso de la polarización religiosa ha ido calando hasta convertir a Malasia en un caladero de nuevos mártires para los radicales yihadistas. Desde 2013, 132 personas se han unido al ISIS en Siria e Irak y otros 130 han sido detenidas en territorio malasio. Fuentes del Gobierno cifraron el pasado diciembre en 50.000 los simpatizantes del ISIS en un país con 30 millones de habitantes. «Aunque los combatientes de lengua malaya, en su mayoría procedentes de Indonesia y Malasia, constituyen una pequeña proporción de los más de 30.000 combatientes extranjeros de más de 90 países que actualmente están luchando en Siria e Irak, más significativa es su creciente importancia», advierte el investigador de la Rajaratnam School of International Studies (RSIS) de Singapur, Jasminder Singh, en su último informe.

En las mezquitas de Kuala Lumpur son conscientes de que la estrategia del odio étnico azuzada por Najib solo beneficia a los radicales. Los imanes tratan de convencer a los jóvenes para que no se unan al ISIS. Insisten en que ese no es el camino para los fieles de Alá. Mas su alegato, el último rescoldo de una Malasia abierta y admirada, parece caer en saco roto. El pasado mes de abril, los servicios de inteligencia malasios desarticularon una célula yihadista, entrenada en Siria, que planeaba una oleada de ataques en la capital. «Los atentados frustrados de Malasia, planeados por partidarios del ISIS, son indicativo del peligro que Katibah Nusantara representa para la región», subraya Singh en su investigación. Katibah Nusantara, una célula yihadista con base en la provincia siria de Hasaka, no es la única que opera en la zona. Excombatientes de las milicias indonesias de Jemaah Islamiyah (JI), responsable del atentado de Bali de 2002, y organizaciones yihadistas como Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) o Darul Islam Sabah han proclamado su intención de declarar su propio califato, denominado Daulah Islamiah Nusantara, en un territorio que se extendería desde Malasia, Indonesia, Singapur y el sur de Tailandia y Filipinas.

De consumarse el plan de al-Baghdadi para extender su califato al sudeste asiático, la región entera se desestabilizará. Entonces ya no habrá manera de detener la explosión. Y Malasia será una de sus víctimas.