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El Legislativo chino aprueba la ley para controlar a las ONG extranjeras

La Asamblea Nacional Popular aprobó la nueva ley para controlar el trabajo de las ONG extranjeras en China, una labor que se atribuirá en gran medida a la Policía, encargada de aprobar sus actividades y con poder para suspenderlas.

El Legislativo chino adoptó ayer la nueva ley para regular el trabajo de las ONG extranjeras en el país, un paso normativo que, según las organizaciones afectadas, amenaza su propia supervivencia.

El texto de esta nueva ley había sido presentado hace varios días ante la Asamblea Nacional Popular para su tercera revisión, después de un año de trámite. La nueva normativa promueve un aumento del control de Pekín sobre las actividades de estas ONG y otorga un mayor poder a la Policía china, que deberá aprobar en cada caso el trabajo de estas organizaciones.

Entre otras cosas, la ley recién aprobada, que entrará en vigor el 1 de enero de 2017, estipula que la Policía puede interrogar al director o representante de una ONG en cualquier momento, y que las autoridades pueden ordenar que se pare cualquier actividad que consideren que puede poner en peligro la seguridad nacional. Los representantes parlamentarios y del Gobierno chino no aclararon ayer cuáles serían estas actividades.

Por su elevado número

Pekín justificó la aprobación de esta ley por el gran número de entidades extranjeras de este tipo en el país. La comisión parlamentaria recalcó que, en la actualidad, hay cerca de 10.000 ONG trabajando en todo el país oriental, donde suelen ocuparse, en general, de asuntos de medio ambiente, ciencia, educación o cultura.

El papel que se da a la Policía en su relación con ellas responde, según la explicación oficial, a su gran experiencia en la gestión de los asuntos relacionados con ciudadanos extranjeros.

Con un texto muy ambiguo, la legislación afecta a «organizaciones sociales no gubernamentales, sin ánimo de lucro, como fundaciones, grupos sociales o think-tanks»

«Colegios, hospitales o instituciones académicas o de investigación en ciencias naturales, ingeniería y tecnología; y otras entidades», han sido excluidas del texto final aunque aparecían en versiones anteriores.

Muchas de ellas consideran esta nueva ley, que ya en su estado de proyecto de ley fue criticada duramente por la UE y EEUU, parte de la campaña del presidente chino, Xi Jinping, «para suprimir a la sociedad civil» y alertan de sus graves consecuencias.

El foco, además, no sólo está en las organizaciones extranjeras, sino también en las locales, subraya Lu Jun, cofundador de la ONG china Yireping, que tuvo que trasladarse a EEUU recientemente por la persecución de las autoridades.

Lu afirma que los grupos más afectados serán aquellos que se dedican a temas de educación, pobreza, protección del medioambiente, asesoría legal o la igualdad de género, que se añadirán a las ya muy controladas organizaciones de derechos humanos. Algunas de ellas, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch suelen trabajar desde Hong Kong.