Pablo RUIZ DE ARETXABALETA
gasteiz
Entrevista
BERTA ZÚñIGA CÁCERES
HIJA DE BERTA CÁCERES

«Que esta muerte no quede impune significa dar un alto a todos estos crímenes»

Berta Zúñiga, hija de 25 años de la activista y líder indígena Berta Cáceres, muerta en un ataque en su casa el pasado 3 de marzo, exige una comisión independiente que investigue el crimen, así como la paralización del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, contra el que luchaba su madre, como los mejores medios de frenar la impunidad que sufre Honduras.

El Gobierno hondureño surgido del golpe de 2009 eliminó barreras para grandes construcciones en áreas protegidas y comenzó a repartir proyectos, 51 de ellos en territorio del pueblo lenca. El rechazo de la población al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca fue respondido con una represión que ya ha provocado varias muertes. La última, la activista Berta Cáceres. Su hija Berta Zúñiga exige la cancelación definitiva del proyecto como mejor freno a la impunidad.

¿Cree que la muerte de su madre, por su repercusión internacional, puede suponer un punto de inflexión en la impunidad que vive Honduras?

Es un desbordamiento de la situación que tenemos en nuestro país, y muestra el grado de impunidad en el que operan las empresas y el Gobierno, que participa también en esta represión. La investigación de los crímenes y asesinatos es muy deficiente. Eso garantiza que los asesinos, ya sean materiales o intelectuales, hagan esto con total libertad. No midieron realmente quién era ella, la trayectoria que tenía. La minimizaron tanto que realmente no eran conscientes. Ha habido una reacción nacional e internacional muy fuerte de condena por ser una persona tan reconocida. Y una sensación de indignación por lo que está pasando en Honduras. El Gobierno hondureño es reiteradamente señalado por violaciones de los derechos humanos, pero siguen pasando estas cosas.

En la última semana han sido detenidos un oficial en activo y otro retirado del Ejército y un empleado de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que lleva a cabo el proyecto de Agua Zarca ¿Cree que es una investigación que puede dar resultados?

El hecho de que haya detenidos y que sean del tipo que nosotras señalamos desde un principio y que mi mami había denunciado dice que la presión internacional está haciendo que haya una investigación. Sin embargo, a la familia no nos consta si realmente los procedimientos se están haciendo como deben porque hemos sido excluidos del proceso desde sus inicios y no sabemos si se ha profundizado en la autoría intelectual en todos sus niveles. Ya hay otras experiencias en Honduras en las que sacrifican personas involucradas, pero nunca se llega a la verdadera cabeza de la responsabilidad. Y nosotros creemos que va a volver a pasar. Primero porque en ese proyecto está metida una familia poderosa de la oligarquía hondureña, la familia Atala. Y también una persona de la Inteligencia militar. Si esas personas estuvieran implicadas jamás se las llegaría a tocar a través de una investigación gubernamental. Nosotras seguimos manteniendo nuestra desconfianza hacia la investigación que realice el Ministerio Público. El Estado hondureño ha sido cómplice de la empresa DESA desde el principio y ha participado en la persecución, el hostigamiento y la judicialización hacia mi madre cuando estaba viva. No creemos que esta misma institución pueda garantizar llegar hasta los autores intelectuales y materiales. Por eso pedimos una comisión independiente de investigación a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que supervise los procedimientos que se han hecho y que pueda seguir investigando a otras personas que estén implicadas.

Ustedes rechazan la participación de la OEA.

Porque la OEA quiere hacerlo a través de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad, que prácticamente no existe, no tiene ninguna estructura. En segundo lugar, fortalece la institucionalidad hondureña, en la que no confiamos. La CIDH es la instancia especializada para tratar el tema de violación de derechos humanos. Y tiene la experiencia de haber creado una comisión independiente en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Garantizar que este crimen no quede impune significa poner un alto a todas esas muertes y a toda esa libertad con la que se realizan estos crímenes. La CIDH ya ha ofrecido públicamente su disponibilidad y en esta gira la Comisión Europea nos ofreció su financiación. De hecho, hay personas bastante destacadas en varias especialidades que quieren participar. Incluso algunas que participaron en el grupo de Ayotzinapa. Lo que hace falta es que el presidente de la República haga una solicitud para que empiece a funcionar como tal la comisión independiente. Las detenciones revelan el involucramiento de la empresa –uno es jefe de operaciones técnicas y medioambientales, otro es jefe de seguridad– y la participación de agentes estatales en el crimen. ¿Qué hace un militar en este hecho? Por eso creemos importante la comisión independiente y la cancelación inmediata y definitiva del proyecto Agua Zarca. Ya está vinculado al asesinato de mi madre y, sin embargo, sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Nos parece indignante.

¿Cómo actúan estas empresas que ejecutan los grandes proyectos en Honduras?

El proyecto Agua Zarca es solo uno de los cientos –hidroeléctricos y mineros– que se están desarrollando, pero condensa toda la conflictividad y todos los problemas que puede generar un proyecto instalado bajo al fuerza y la violencia. Forma parte de numerosos proyectos que se dieron en el marco del golpe de Estado de 2009, que es cuando realmente comienza todo esto. Este proyecto, como otros 51, se instala en territorio indígena lenca y viola la consulta previa, libre e informada, pero tiene la protección de las instituciones hondureñas, que siempre velaron por los intereses de la empresa y nunca por denunciar lo que estaba pasando. Porque desde el principio violó todos los derechos que podía violar.

También participan bancos y fondos europeos.

Inicialmente era ejecutado por Sinohydro, una empresa china. Con el asesinato del líder indígena Tomás García en 2013 Sinohydro se retira. Cuando se van, DESA, la empresa dueña del proyecto, encuentra financiación en el Banco de Desarollo Holandés (FMO) y el fondo finlandés Finnfund. ¿Por qué estos bancos, que prácticamente son gubernamentales, y que dicen que son respetuosos de los derechos humanos, constructores de proyectos de energía limpias… participan en este proyecto que desde el principio ya tenía conflictos? Mi mami les escribió cartas antes de firmar el contrato. El Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) les dio documentos, testimonios de personas afectadas. Tuvieron que esperar a que una muerte como la de mi mami resonara en el mundo para suspender temporalmente el proyecto. En esta gira nos hemos reunido con ellos y siguen defendiendo a la empresa. Y nos parece una irresponsabilidad. Les dijimos que tenían que suspender definitivamente su fondo porque habían hecho un contrato con una empresa corrupta que había llevado la militarización, la corrupción de autoridades locales, el amedrentamiento de la comunidad, prácticas paramilitares… Decían que qué tristes nuestros testimonios pero que éramos la otra parte y que no sabían quién le decía la verdad. ¿La muerte de cinco personas en la lucha contra el proyecto no es suficiente evidencia? No nos contestaron realmente. Todos estos proyectos que se dicen de energías limpias y de bajo impacto ambiental son mentirosos. Porque son proyectos bañados en sangre, instalados contra la voluntad de las comunidades.

Todo esto en un contexto de militarización del país.

La militarización es consecuencia del golpe, pero a la comunidad lenca llega a partir del proyecto con presencia de la Policía Militar, la Policía Nacional, del Ejército, que servían para proteger toda la infraestructura de la empresa. Porque la comunidad era sumamente fuerte en el rechazo al proyecto. Tomás García, por ejemplo, es asesinado por un militar en una manifestación. Eso fue en 2013 y el FMO hace el contrato en 2014. Ya sabían lo que había pasado.

¿Qué respuesta han tenido de las instituciones en esta gira?

En general ha habido bastante receptividad, una condena general del asesinato. Unas instituciones han sido mucho más contundentes que otras. Muchas personas vinculadas a los gobiernos no quieren crear conflictos. Uno de los logros ha sido la financiación de la comisión independiente a través de la Comisión Europea. También el Parlamento Europeo aprobó una condena del asesinato, pidió una investigación independiente e hizo algunos señalamientos a la participación de los bancos.