Dicho y hecho. Los detractores a la opción de mancomunidad única para Ipar Euskal Herria ya habían anunciado su intención de evitar que esta se constituya aun a sabiendas que la gran mayoría de municipios han votado (o lo están haciendo) a favor.

Según publicó ayer Mediabask, el denominado «recurso jerárquico» firmado por unos 60 electos ha sido ya enviado al Ministro de Interior, Bernard Cazeneuve. En él, los firmantes cuestionan el perímetro fijado por el prefecto que abarca prácticamente el conjunto de los tres territorios vascos bajo administración francesa. Aducen que se trata de una desviación de carácter político de la ley NOTRe (reforma de las instituciones locales) que tendría como objetivo el reconocimiento institucional de Ipar Euskal Herria.

«Cuencas de vida»

Dicho objetivo diverge, en opinión de esos electos, de la esencia misma de la ley respecto a los límites demográficos y a los de lo que denominan «cuencas de vida», en referencia a las comarcas fronterizas con otros territorios como con el sur de las Landas o el Bearno.

Argumentan, además, las desigualdades que generaría la gobernanza de una institución supramunicipal tan extensa.

Por lo que manifestó el pasado viernes el propio prefecto Pierre-André Durand, el ministro debería responder rápidamente, y cree que en sentido negativo, ya que la ley impone un límite mínimo de habitantes para la mancomunidad única (15.000) pero no un máximo. Estima también que la noción de territorio de vida en lo que conciere a Lapurdi, Nafarroa Behere y Zuberoa, es incontestable.

El recurso jerárquico no es la única vía para oponerse a la mancomunidad única, ya que existe la posibilidad de un recurso contencioso ante el Tribunal administrativo que podría ser presentado por cualquier ciudadano aunque no sea electo. De todos modos, es posible que uno o varios de los alcaldes o concejales contrarios a la nueva institución se lancen por esa vía que podría retrasar la puesta en marcha de la primera institución que recogería el territorio vasco, prevista en principio para el 1 de enero de 2017.