El Abogado del Estado, encargado de defender los intereses de Madrid ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegó el miedo a una acción de ETA durante el proceso de deliberación de la demanda presentada por Xabier Beortegi por no investigar su denuncia de tortura. Lo hizo consciente de que no se podría producir, ya que habían transcurrido más de tres años (de octubre de 2011 a enero de 2015) desde que la organización clandestina anunció el cese definitivo de su actividad armada. Ese falso riesgo de atentado fue el único argumento esgrimido para justificar la negativa a identificar a los guardias civiles que participaron en el arresto del joven iruindarra. Finalmente, la Corte de Estrasburgo ha dado la razón a Beortegi, a quien el Estado deberá indemnizar con 23.500 euros.

«El Gobierno estima que esta petición constituye un abuso de derecho manifiesto, en beneficio de una organización criminal que podría atentar contra la vida o la integridad física de los policías, abogados o médicos forenses que han intervenido en este caso, o evitar que ejerzan su profesión, afectando a su entorno familiar». Esta es la rocambolesca explicación planteada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy a los magistrados europeos y que viene recogida en la sentencia del TEDH hecha pública el martes.

Aunque en el fallo no se menciona explícitamente a ETA, es evidente que se refiere a la organización vasca ya que, a lo largo de los dos documentos remitidos al tribunal (el 14 de enero y el 13 de abril de 2015), el letrado insiste en la tesis de que la denuncia de torturas es una estrategia de la organización clandestina contra los policías.

Las fechas son claves para comprobar cómo Rafael Andrés León, abogado del Estado y jefe del departamento de Derechos Humanos, trató de engañar al tribunal advirtiendo sobre el inexistente riesgo de una acción armada. No se puede olvidar que ETA decretó el cese de su actividad el 20 de octubre de 2011 y que la demanda de Beortegi se interpuso ante el TEDH en 2014, por lo que ya habían transcurrido tres años desde el anuncio de la organización clandestina.

Para entonces hasta el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, había admitido en público y en reiteradas ocasiones que ETA «no va a volver a atentar». Entonces, ¿el Estado utilizó políticamente el miedo a un atentado que sabía que no ocurriría para tratar de eludir un nuevo varapalo judicial?

Las explicaciones

En el primer documento que remite al TEDH (enero de 2015), el letrado se aferra a la teoría de que «los detenidos que son presuntos miembros del entorno de la banda terrorista ETA y de las organizaciones conexas tienen la consigna de presentar falsas denuncias de torturas. Así pueden identificar a los agentes encargados de la lucha antiterrorista y atentar contra ellos». Es decir, que imputa a Beortegi una integración en la organización clandestina y un seguimiento de sus consignas que no admitió ni la propia Audiencia Nacional española. El iruindarra fue puesto en libertad en enero de 2011 tras pasar cuatro días en manos de la Guardia Civil y declarar ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que le impuso una fianza de 12.000 euros. Posteriormente, quedó apartado del sumario, ya que su caso fue archivado y no fue a juicio.

A pesar de que estos datos ya eran conocidos por el abogado del Estado en el momento de presentar sus alegaciones, este insistió en vincular con ETA a Beortegi, lo que motivó la protesta de sus letrados, que llegaron incluso a advertir que interpondrían una querella por calumnias en caso de que siguiese lanzando acusaciones.

En ese mismo texto, el representante de Madrid se sacó de la manga otro retorcido argumento: que la ansiedad que padecía Beortegi, que según el informe presentado por sus letrados estaba originada por el tormento, podía ser producida por haber quedado en libertad y sufrir «extorsiones y amenazas» del «entorno criminal».

Las protestas de los abogados de Beortegi no impidieron que en el segundo documento (abril de 2015), el letrado del Estado siguiese abonado a la misma tesis: identificar a los guardias civiles pondría en riesgo «sin justificación» la «vida e integridad física de los agentes».

No es la primera vez en la que el Estado recurre a la mentira al tener que dar explicaciones sobre Derechos Humanos en Europa. Al menos, aquí no le sirvió.