«Estoy 100% seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el Ejército», aseveró el sargento primero identificado con el nombre ficticio de Rodrigo Cruz, exsoldado de las Fuerzas Especiales del Ejército de Honduras, quien reveló al diario “The Guardian” que su unidad recibió una lista con los nombres, datos personales y fotografías de varios objetivos a eliminar. Según Cruz, Cáceres aparecía en la lista entregada a su grupo, la unidad policial de élite de la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (Fusina), que el pasado verano recibió entrenamiento de agentes del FBI y la Marina de EEUU.

Cáceres, líder indígena lenca que luchó contra la explotación del territorio indígena por parte de multinacionales energéticas, fue abatida a tiros el pasado 3 de marzo. Uno de los cinco sospechosos arrestados estuvo como militar activo en Irak junto a fuerzas de EEUU, que le impartieron un curso de operaciones especiales.

«El testimonio de Cruz deja claro que hay escuadrones de la muerte que atacan a la oposición política, pero el sistema judicial está tan roto y tan controlado que no hay nadie que investigue estos temas», declaró la directora del grupo Derechos y Ecología, Annie Bird, que documenta abusos contra los derechos humanos en Honduras.

Cruz corroboró haber visto varias listas. Una de esas listas, que incluía nombres de destacados líderes campesinos, fue entregada por la Fusina a una unidad de élite meses antes de la muerte de Cáceres. Cruz integraba esa unidad y huyó del país por temor a que le mataran, dijo a “The Guardian” por vía telefónica. Agregó que él, al igual que otros, se negó a llevar a cabo la orden de ejecución y denunció que diez de sus antiguos compañeros han desaparecido y cree que están muertos. «Nuestro teniente también (…) Nos dijo que la orden venía del Alto Mando del Ejército y que él estaba siendo presionado por el comandante de Xatruch», subrayó.

Desde el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, Honduras ha estado gobernada por un Gobierno de derechas que ha cedido licencias de explotación a diversas multinacionales en zonas frágiles para el medioambiente. Al menos 109 activistas han sido ejecutados entre 2010 y 2015 en Honduras, convirtiendo el país en uno de las más peligrosos para el activismo ecológico.

La unidad militar de élite fue creada para reemplazar a la fuerza policial civil y está entre los grupos de la Policía y el Ejército que desde 2010 reciben millones de dólares del Gobierno de EEUU con el supuesto fin de erradicar la migración irregular.